La persistente financiación de la UNRWA por parte de Estados Unidos y países europeos no solo contraviene sus proclamados objetivos de facilitar una solución al conflicto palestino-israelí, sino que constituye una paradoja estratégica y moral de proporciones insostenibles. Es, en esencia, un acto que perpetúa el mismo problema que afirma querer resolver, todo ello bajo el disfraz de un humanitarismo hipócrita. Este esquema de financiación ignora, de manera flagrante, la creciente evidencia de la infiltración de organizaciones terroristas palestinas en la estructura misma de la UNRWA y su rol activo en la radicalización de los supuestos “refugiados palestinos”.
Desde su fundación, la UNRWA se ha presentado como una institución dedicada a proporcionar asistencia a los “refugiados palestinos”. Sin embargo, esta narrativa resulta no solo engañosa, sino también profundamente problemática. En 1950, las Naciones Unidas estimaban la cifra de refugiados en unas 711,000 personas. Hoy, esta población ha crecido exponencialmente hasta superar los 5.9 millones, según sus propios datos de 2024, a los que se suman más de 800,000 personas adicionales que también se benefician de sus servicios. Este crecimiento artificial de la población refugiada no puede explicarse únicamente por factores demográficos naturales. Más bien, refleja un interés deliberado en perpetuar una narrativa de victimización que bloquea cualquier intento serio de integración o resolución del conflicto.
El financiamiento de la UNRWA, anunciado como dependiente de “contribuciones voluntarias” de los Estados miembros de la ONU, es una verdad a medias que oculta su dependencia crónica de un reducido número de países occidentales. Entre 2000 y 2023, el 64% de los recursos de la UNRWA provinieron de Europa, el 26% de Estados Unidos, y apenas un 10% de los países árabes. Este desbalance no es fortuito. Es el resultado de una política árabe consistente, desde los inicios de la UNRWA, de evitar cualquier participación significativa en la solución del problema que supuestamente defienden.
El testimonio del teniente general Alexander Galloway en 1952 es un recordatorio ineludible de esta actitud. Según sus palabras, “las naciones árabes no quieren resolver el problema de los refugiados árabes. Quieren mantenerlo como una herida abierta… como un arma contra Israel”. Estas declaraciones, formuladas hace más de 70 años, no solo conservan su vigencia, sino que describen con precisión el cinismo detrás de la política árabe hacia los refugiados palestinos.
El liderazgo palestino ha convertido el asunto de los “refugiados palestinos” en un dogma inviolable, encapsulado en el llamado “derecho al retorno”, una demanda que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha calificado como “sagrada e irrevocable”. Este principio, elevado a la categoría de una obsesión política, ha servido más como un obstáculo insalvable que como un punto de partida para negociaciones realistas. Abbas ha dejado claro que no existe coste político o humano lo suficientemente alto como para reconsiderar esta posición. Esto ha quedado manifiesto en el rechazo categórico a propuestas de paz que ofrecían concesiones extraordinarias, como las presentadas por el ex primer ministro israelí Ehud Olmert en 2008. A pesar de que Olmert ofreció un territorio superior al previo a 1967 y la entrada de 150,000 refugiados en Israel, Abbas lo rechazó, demostrando que, para su liderazgo, el simbolismo político prevalece sobre el bienestar de su pueblo.
La misma actitud intransigente quedó expuesta en 2013, cuando Abbas se negó a aceptar una oferta del primer ministro Benjamin Netanyahu que habría permitido a los refugiados palestinos en Siria reasentarse en Judea y Samaria, escapando de la devastadora guerra civil. La única condición era renunciar al “derecho al retorno” a Israel, una petición razonable considerando las implicaciones demográficas y políticas para el Estado israelí. Abbas, nuevamente, prefirió el sufrimiento de los refugiados al compromiso político, perpetuando un ciclo de victimización que el liderazgo palestino considera estratégico.
Este inmovilismo ha generado una situación en la que el “derecho al retorno” se ha institucionalizado como una “línea roja” imposible de cruzar, una narrativa respaldada implícitamente por el continuo financiamiento occidental a la UNRWA. Estados Unidos y Europa, con su apoyo incesante a esta agencia, no solo han contribuido al sostenimiento de esta política impracticable, sino que también han reforzado la percepción, entre los líderes palestinos, de que su postura cuenta con un aval tácito de la comunidad internacional. Incluso tras eventos como la masacre del 7 de octubre, la insistencia occidental en una “solución de dos Estados” ignora la realidad de que esta opción, en su forma actual, es incompatible con las demandas maximalistas del liderazgo palestino.
El precedente del expresidente Donald Trump, quien suspendió la financiación estadounidense a la UNRWA durante su primer mandato, debería servir de referencia para un cambio de enfoque. Durante el intervalo en que se restauró el apoyo financiero bajo la administración Biden, el número de refugiados registrados por la UNRWA aumentó en 346,130 personas. Este crecimiento numérico no solo es insostenible, sino que socava cualquier esfuerzo genuino por resolver el conflicto. La política actual, que combina el apoyo financiero occidental con la inacción árabe, no es más que una receta para la perpetuación del conflicto.
Aunque algunos países árabes han proporcionado financiamiento de emergencia en ocasiones puntuales, la posibilidad de que asuman la totalidad del déficit es ilusoria. Su implicación ha sido, históricamente, marginal, y refleja una estrategia política orientada a mantener a los refugiados como una herramienta de presión contra Israel, en lugar de buscar su integración o mejora de condiciones.
En última instancia, si Estados Unidos y Europa tienen un compromiso genuino con la resolución del conflicto palestino-israelí, deben reevaluar radicalmente su apoyo a la UNRWA. Persistir en esta política no solo consolida la posición de intransigencia del liderazgo palestino, sino que mina cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo político que sea aceptable para ambas partes. La financiación continua de una agencia que perpetúa el statu quo no es una solución; es una capitulación disfrazada de benevolencia.
