Desde 2022, el encarcelamiento masivo de civiles ucranianos que no participan en los combates, en los territorios ocupados, ha recibido escasa atención del periodismo internacional, la política, la diplomacia y el mundo académico.
La guerra de Rusia contra Ucrania pretende recuperar el control de territorios y poblaciones de los antiguos imperios zarista y soviético. Durante los últimos doce años, uno de los objetivos principales del Kremlin ha sido capturar a ciudadanos ucranianos e incorporarlos por la fuerza a la sociedad, el Estado y el ejército rusos. El expansionismo ruso en Ucrania tiene tanto que ver con la población como con el territorio.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado “violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra civiles en los territorios ocupados, incluidas detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y denegación del derecho a un juicio justo”.
La mayor parte de la atención se ha concentrado en el secuestro de niños ucranianos no acompañados por parte de Rusia, asunto que ha motivado innumerables investigaciones y resoluciones y que recientemente también ha sido objeto de interés de la primera dama estadounidense, Melania Trump. Mucho menos se habla del destino de los civiles adultos en cautiverio ruso. Miles permanecen recluidos en instalaciones que van desde sótanos y garajes hasta centros de detención preventiva y prisiones convencionales, tanto en los territorios ocupados como en la propia Rusia.
La ocupación rusa también se impone mediante el encarcelamiento
Una minoría de los ucranianos que viven bajo ocupación, especialmente personas de etnia rusa o ucranianos muy rusificados, aceptó la anexión. La mayoría, sin embargo, ha mostrado poco entusiasmo o se ha opuesto a su incorporación involuntaria a Rusia. El principal instrumento del Kremlin para obligarlos a someterse ha sido encarcelar a miles de ciudadanos comunes durante períodos breves o prolongados.
Pocos detenidos están acusados de delitos comunes y, aun en esos casos, correspondería a los tribunales ucranianos juzgarlos. Muchos expresaron su desacuerdo con la guerra y fueron condenados conforme a las leyes rusas “contra el extremismo”, que prohíben criticar o incluso mencionar la guerra de Rusia en Ucrania. Otros participaron en actos de resistencia no violenta. Algunas personas fueron arrestadas al azar, bajo acusaciones fabricadas con pruebas falsas y confesiones obtenidas mediante coacción.
A primera vista, esto parece contradictorio. Moscú afirma que está “reunificando” territorios y poblaciones rusas que había perdido. ¿Por qué entonces arresta, deporta y tortura por miles a sus habitantes, con el riesgo de enemistarse incluso con quienes le son leales o mantienen una posición neutral?
Parte de la respuesta aparece en las encuestas realizadas antes de la ocupación. Desde Crimea en 2014 hasta Zaporiyia en 2022, la mayoría de los habitantes de esas regiones no respaldaba su incorporación a Rusia. Solo en la península de Crimea, donde dos siglos de políticas zaristas y soviéticas habían convertido a los rusos étnicos en mayoría y reducido a los tártaros de Crimea, población autóctona, a una minoría equivalente al 10 % de los habitantes, la anexión avanzó inicialmente en gran medida según lo previsto.
Incluso allí persiste una resistencia integrada principalmente por tártaros, y desde 2014 las autoridades han detenido de manera recurrente a civiles de esa comunidad. En las zonas continentales, la ocupación estuvo seguida de una represión severa que continúa en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
Tres propósitos de las detenciones masivas de civiles ucranianos
- Eliminar de la vida pública, aislar y, si se considera necesario, matar a quienes resisten la ocupación o son sospechosos de hacerlo.
- Ejercer presión psicológica sobre toda la población ocupada mediante arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos ocasionales, y enviar una advertencia a los ucranianos residentes en Rusia.
- Utilizar a los civiles cautivos como moneda de cambio. Para mantener la moral de sus agentes en el extranjero, el Kremlin necesita ofrecerles garantías creíbles de que recuperará a los capturados en Ucrania o en otros lugares, incluso cuando hayan cometido delitos.
Miles de familias desconocen dónde mantiene Rusia a sus familiares
Un amplio informe de seguimiento elaborado por el Centro para las Libertades Civiles, la organización alemana Austausch, el grupo de expertos Sova y otros colaboradores concluye que esta privación ilegal de libertad no es un fenómeno incidental, sino una política estatal sistemática. Rusia ha establecido una red de instalaciones oficiales y clandestinas donde retiene a civiles sin presentar cargos, a menudo incomunicados, y los somete a torturas físicas y psicológicas, privación sensorial y violencia sexual. Tres de cada cuatro familias desconocen el paradero de sus seres queridos. Rusia no distingue entre civiles y prisioneros de guerra, pues clasifica a todos como “opositores a la operación militar especial”.
Como Moscú oculta las cifras e impide el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las estimaciones difieren. La lista ucraniana de personas desaparecidas incluye a más de 70.000 personas, militares y civiles. El defensor del Pueblo, Dmytro Lubinets, ha confirmado la detención de unos 1.800 civiles, pero dispone de otra lista con más de 16.000 nombres. La Fiscalía general de Ucrania identificó a 15.250 civiles retenidos por Rusia entre febrero de 2022 y agosto de 2025. Lo que está claro es que las cifras, que antes de 2022 se contaban por centenares, ahora se cuentan por millares.
Los detenidos pertenecen a grupos muy diversos. Un informe de 2025 de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE apunta a que Rusia podría haber detenido a decenas o incluso cientos de miles de civiles en algún momento desde 2022. Muchos fueron sacados de sus casas en las regiones de Kiev, Sumy, Chernígov, Járkov y Jersón durante los primeros meses de la invasión, y algunos continúan presos sin cargos.
Entre ellos hay periodistas, dirigentes comunitarios, presuntos partidarios de la defensa ucraniana, personas sin documentos rusos, docentes y funcionarios que se negaron a trabajar para los ocupantes. Incluso tres observadores de la OSCE han sido acusados de “traición”. En 2022, unos 2.000 presos ucranianos que cumplían condena fueron trasladados a Rusia, y algunos volvieron a ser detenidos después de terminar sus penas.
Las condiciones de reclusión van de duras a extremas. Más del 92 % de los 216 civiles liberados a los que entrevistó el ACNUDH entre 2023 y 2025 ofrecieron relatos detallados y concordantes de malos tratos. Todos los civiles detenidos o familiares entrevistados por Amnistía Internacional en 2025 describieron un trato equiparable a tortura o castigo inhumano. Estas prácticas violan los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura. Muchos presos proceden de zonas liberadas hace tiempo, por lo que incluso los motivos formales que se alegaban para internarlos han dejado de existir.
Los intercambios de prisioneros apenas ayudan a liberar a los civiles
En una guerra convencional, la liberación de civiles detenidos formaría parte de las tareas habituales del CICR. Sin embargo, Rusia trata a los ucranianos como ciudadanos rusos traidores y los utiliza como rehenes. Hasta diciembre de 2025, Ucrania había identificado por nombre a 1.782 prisioneros civiles, pero el CICR solo había podido confirmar la detención de 867. Entre marzo de 2022 y mayo de 2025, los intercambios permitieron regresar a apenas 173 civiles. De los 120 civiles devueltos en el mayor intercambio, el 23 de mayo de 2025, solo uno era un preso político. La mayoría había cumplido condenas por delitos comunes en Rusia.
Kiev ha intentado procedimientos poco habituales. En 2024 puso en marcha el sitio web “Quiero estar con los míos”, que publica los nombres de colaboracionistas condenados que aceptaron ser intercambiados por ucranianos retenidos en Rusia. Esta iniciativa ha recibido críticas por la posibilidad de que contravenga el derecho internacional. En Alemania, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (IGFM) vincula a presos políticos con parlamentarios que actúan como sus patrocinadores.
Las dificultades de estas iniciativas muestran que no existe una vía establecida para resolver el problema. Los prisioneros de guerra, aunque también suelen sufrir torturas, regresan en grandes cantidades mediante intercambios. Incluso los niños deportados, cuyo retorno sigue siendo limitado, cuentan con una atención internacional que todavía podría conducir a una solución parcial.
En cambio, los aproximadamente 16.000 civiles ucranianos adultos detenidos por Rusia tienen pocas posibilidades de regresar a casa o de evitar nuevos abusos. A pesar del reciente aumento de los informes publicados por organizaciones no gubernamentales, la atención pública sigue siendo escasa. Incluso muchas personas que siguen de cerca la guerra en Ucrania desconocen que hasta ahora no existe ningún mecanismo establecido para conseguir su liberación.
Qué medidas podrían facilitar la liberación de los civiles detenidos
Los especialistas señalan como posibles vías de actuación la defensa coordinada de los detenidos, la aplicación de sanciones eficaces y la exigencia de responsabilidades públicas a los organismos estatales rusos. Las organizaciones ucranianas de derechos humanos, entre ellas el Centro para las Libertades Civiles, recomiendan que Ucrania y sus socios creen un registro nacional de civiles detenidos con criterios de recuento uniformes, y que mejoren el seguimiento mediante inteligencia de fuentes abiertas e inteligencia artificial.
También recomiendan documentar las torturas mediante entrevistas realizadas conforme al Protocolo de Estambul, recurrir a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y, si fuera necesario, a la Corte Internacional de Justicia, sancionar a los funcionarios y organismos rusos responsables, como hizo la Unión Europea en julio de 2026, procesar a los autores de los abusos en tribunales nacionales o mediante el principio de jurisdicción universal e instar al CICR a que exija acceso a las personas detenidas.
Hay otras cinco medidas que merecen consideración. Más parlamentos y asociaciones deberían aprobar resoluciones que exijan liberar a los civiles presos. Los periodistas y directores de medios deberían prestar atención a los aproximadamente 16.000 adultos detenidos. Los países que financian al CICR deberían animarlo a interpelar públicamente a Moscú. Kiev debería estudiar la posibilidad de reclasificar como combatientes a los partisanos procesados, para que pudieran acogerse a intercambios de prisioneros de guerra. Por último, los países occidentales deberían considerar pagar por la liberación de determinados civiles ucranianos.
