Hamás ha intentado reafirmar su control en la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego, al matar a 33 personas en una operación dirigida contra grupos que desafiaron su autoridad. Fuentes de seguridad indicaron que la acción habría recibido la aprobación temporal de Estados Unidos para supervisar el territorio.
El grupo islamista, debilitado tras la ofensiva israelí iniciada después del ataque del 7 de octubre de 2023, ha enviado a sus operativos nuevamente a las calles de Gaza desde el viernes, fecha del inicio de la tregua. Sus movimientos se realizan con precaución ante la posibilidad de un colapso repentino del acuerdo, según dos fuentes de seguridad locales.
El lunes, Hamás desplegó a integrantes de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam durante la liberación de los últimos rehenes vivos capturados en Israel hace dos años. Este hecho evidenció uno de los principales obstáculos para el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca garantizar un acuerdo estable en Gaza mientras Washington, Israel y otros países exigen el desarme del grupo.
Imágenes difundidas por Reuters muestran a decenas de combatientes de Hamás concentrados en un hospital del sur de Gaza. Uno de ellos llevaba un parche que lo identificaba como integrante de la “Unidad en la Sombra”, una división de élite encargada, según fuentes del movimiento, de custodiar a los rehenes.
Una fuente de seguridad de Gaza afirmó que, tras la entrada en vigor del alto el fuego, fuerzas de Hamás mataron a 32 miembros de una pandilla vinculada a una familia de la ciudad de Gaza. Seis combatientes de Hamás también murieron durante los enfrentamientos.
Más tarde el lunes, un video difundido en redes sociales mostró a varios hombres armados enmascarados, algunos con cintas verdes características de Hamás, disparar con ametralladoras contra siete hombres a quienes habían obligado a arrodillarse en la vía pública. Las grabaciones fueron atribuidas a hechos ocurridos ese mismo día en Gaza. En las imágenes, se escucha a civiles gritar “Alá Akbar” y calificar a las víctimas como “colaboradores”.