Una demanda presentada hoy alega que las agencias migratorias de la administración Trump compartieron con el Gobierno iraní información confidencial sobre solicitantes de asilo iraníes, lo que habría violado normas migratorias nacionales y puesto en peligro a innumerables iraníes, según los argumentos incluidos en los documentos judiciales.
La demanda describe una campaña coordinada entre los Gobiernos de Estados Unidos e Irán para identificar a iraníes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y presionarlos para que regresen a Irán. La acusación supone un marcado apartamiento de décadas de hostilidad diplomática entre ambos Gobiernos y de una guerra que aún continúa.
Unos 600 iraníes fueron puestos bajo detención migratoria el año pasado, según registros públicos obtenidos por el Consejo Nacional Iraní Estadounidense. En junio, una mujer iraní figuró entre las dos docenas de migrantes que Estados Unidos deportó a la República Centroafricana, en un giro drástico respecto de una práctica mantenida durante décadas por Washington, que acogió a disidentes, exiliados y otros iraníes desde que la Revolución Islámica de 1979 obligó a un gran número de iraníes a huir.
El Gobierno estadounidense está autorizado a trabajar con funcionarios de países extranjeros para coordinar la logística de las deportaciones. Sin embargo, regulaciones federales aprobadas a finales de la década de 1990 prohíben al Gobierno compartir información que pueda revelar que la persona deportada solicitó asilo.
A partir de marzo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos organizó reuniones mensuales con funcionarios iraníes, con la embajada de Pakistán como intermediaria, en las que funcionarios estadounidenses compartieron información detallada y sensible sobre inmigrantes iraníes detenidos a quienes el Gobierno estadounidense esperaba deportar, escribieron en una demanda abogados del Fondo de Defensa Legal Iraní Estadounidense y del Public Citizen Litigation Group.
Según la demanda, presentada ante el Tribunal Federal de Distrito en Washington D. C., la información incluía detalles sobre solicitudes de asilo de personas que afirman haber sido perseguidas por convertirse al cristianismo, por su sexualidad o por participar en las protestas Mujer, Vida, Libertad contra el Gobierno iraní en 2022.
