Dos hombres musulmanes de la minoría uigur, de 26 y 35 años, han pedido a Tailandia que no los entregue a China por temor a sufrir encarcelamiento y torturas. Su petición fue presentada el miércoles, después de que ambos salieran de prisión a finales de octubre. Llevaban retenidos en el país desde 2014.
La situación de ambos se remonta a su detención cerca de la frontera tailandesa con Malasia, junto con más de 300 uigures que habían huido de China a causa de la persecución étnica, cultural y religiosa en Xinjiang. Pekín reclama desde entonces el retorno de los refugiados y los identifica como activistas terroristas.
La mayoría de las mujeres y los niños de aquel grupo recibieron autorización de las autoridades tailandesas para trasladarse a Turquía. Los hombres, en cambio, afrontaron deportaciones forzosas. En 2015, Tailandia entregó a China a 109 uigures contra su voluntad. La decisión provocó indignación internacional y una protesta en la que manifestantes irrumpieron en la embajada tailandesa en Turquía.
En febrero de 2025 se repitió una expulsión de este tipo: otros 40 hombres uigures fueron enviados a China pese a sus súplicas y a las advertencias de Naciones Unidas y de legisladores tailandeses. Antes de la deportación, el gobierno de Bangkok había negado que tuviera intención de efectuarla. Más tarde aseguró que los detenidos habían firmado documentos en chino para aceptar voluntariamente su regreso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia determinó que las autoridades no habían aportado pruebas de esa aceptación libre ni garantías de seguridad para los deportados. Desde su traslado a China se desconoce el paradero de los 40 hombres. Las consultas posteriores de defensores de derechos humanos y de funcionarios del Ministerio de Exteriores tailandés no han obtenido respuesta de las autoridades de Pekín.
Uno de los dos uigures que ahora temen la extradición describió esa preocupación en una carta en inglés difundida por Kanavee Suebsang, exlegislador y fundador de la Fundación por la Paz y los Derechos. “Cada vez tenemos miedo de que China nos lleve de vuelta. No somos terroristas”, escribió.
Ante las críticas públicas e internacionales, el Consejo de Seguridad Nacional de Tailandia ha descartado una expulsión administrativa directa. Una eventual extradición exigirá una solicitud oficial de China y una decisión judicial adoptada mediante un procedimiento abierto.
Chaipreuk Duangpraphat, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que esta vez se aplicará un proceso judicial completo, a diferencia de lo ocurrido con los 40 uigures deportados el año pasado. “Si el tribunal falla en su contra, serán extraditados de acuerdo con el tratado. Ese es el procedimiento judicial”, explicó. Si la sentencia les favorece, los dos hombres podrán acogerse a la posibilidad de establecerse en un tercer país.
La diputada Sasinan Thamnithinan, del opositor Partido del Pueblo, exigió que el gobierno respete las normas nacionales e internacionales que impiden devolver a una persona a un lugar donde peligre su vida. “Mantener las relaciones internacionales es importante, pero no puede prevalecer sobre los derechos humanos y el Estado de derecho. No se debe enviar a nadie al peligro solo porque el gobierno quiera librarse de un problema”, declaró.
China, por su parte, no ha aclarado si ha presentado una solicitud formal para recibir a los dos hombres. La portavoz de su Ministerio de Exteriores, Mao Ning, eludió una respuesta directa y afirmó: “La cooperación entre China y Tailandia en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, incluida la inmigración ilegal, se desarrolla conforme a las leyes de ambos países, al derecho internacional y a las prácticas habituales”.
Los uigures son una población musulmana de lengua túrquica originaria de Xinjiang, en el noroeste de China. Durante las últimas décadas, Pekín ha emprendido acciones contra esta minoría bajo el argumento de combatir el terrorismo y el separatismo. Esas políticas se han traducido en represión violenta, internamientos masivos en campos de reeducación, supresión de expresiones de identidad cultural y trabajos forzosos. Varios gobiernos occidentales han calificado esas medidas de genocidio.
La salida de centenares de uigures a través del sudeste asiático en 2014 convirtió a Tailandia en un punto de conflicto diplomático. Las organizaciones internacionales reclamaban asilo humanitario para los refugiados, mientras China ejercía presión económica y política sobre Bangkok para que los devolviera a su territorio.
