En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos ha impuesto este jueves una batería de sanciones contra parlamentarios afiliados a Hezbolá, funcionarios de seguridad del Estado libanés y aliados clave del grupo terrorista respaldado por Irán. La medida responde a los intentos de estos actores por mantener la influencia de la organización sobre las instituciones libanesas y obstaculizar los esfuerzos internacionales de desarme.
Este anuncio marca un punto de inflexión en la estrategia de Washington, al ser la primera vez que se sanciona a funcionarios en activo de la seguridad estatal del Líbano.
Histórico golpe de EE. UU. a la seguridad estatal libanesa
Las sanciones del Departamento del Tesoro apuntan directamente a la infiltración de la organización chiita en el aparato estatal. Entre los sancionados se encuentran dos altos mandos de seguridad en funciones: uno perteneciente a la agencia de Seguridad General y otro a la inteligencia militar. Ambos están acusados de proporcionar «apoyo ilícito» e inteligencia estratégica a Hezbolá durante la guerra en curso.
La lista de sancionados clave incluye a prominentes figuras políticas que se han opuesto sistemáticamente al desarme del grupo:
- Mohammed Fneish: Exministro y alto funcionario de Hezbolá.
- Hassan Fadlallah, Ibrahim al-Moussawi y Hussein Hajj Hassan: Influyentes miembros del parlamento libanés.
- Mohammad Reza Sheibani: Embajador designado de Irán en el Líbano, quien ya había sido expulsado de Beirut por orden del Ministerio de Exteriores libanés.
Presión internacional y conversaciones clave en el Pentágono
El endurecimiento de las sanciones ocurre en un contexto de extrema tensión militar y diplomática. Mientras Israel intensifica sus operaciones aéreas en el sur del Líbano, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones de bajo perfil en Washington para buscar una salida al conflicto.
El próximo 29 de mayo, altos mandos militares de Israel y el Líbano tienen previsto mantener sus primeras conversaciones directas en el Pentágono. El eje del encuentro será la exigencia de Israel y Estados Unidos para que Beirut aplique medidas drásticas de desarme, mientras que el gobierno libanés urge a un alto el fuego y a la retirada de las tropas israelíes de su territorio.
El dilema político en Beirut
La situación pone en jaque al gobierno reformista del Líbano, que asumió el poder a principios de 2025 con la promesa explícita de desarmar a todas las milicias y grupos no estatales del país.
A pesar de las exigencias de Washington y la presión interna, las autoridades libanesas temen que un enfoque excesivamente confrontativo contra Hezbolá pueda desencadenar una guerra civil interna en la pequeña nación mediterránea. Por su parte, la organización terrorista —designada como tal por EE. UU. desde 1997— rechaza la vía de diálogo norteamericana y respalda únicamente las conversaciones mediadas por Pakistán entre Washington y Teherán.
Bloqueo de activos financieros
Las medidas punitivas implican la congelación total de cualquier propiedad o activo financiero que los sancionados posean dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, además de prohibir a los ciudadanos y bancos estadounidenses realizar transacciones con ellos.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, justificó la contundencia de la medida mediante un comunicado oficial:
«El Tesoro seguirá tomando medidas contra los funcionarios que se han infiltrado en el Gobierno libanés. Hezbolá ha llevado a cabo una campaña de violencia sin sentido contra el pueblo libanés».
