La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, prevé reunirse este viernes 20 de febrero en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un contexto de fricción política por el futuro del archipiélago de Chagos y por el posible uso de la base aérea conjunta de Diego García en un escenario de presión militar contra Irán.
La reunión, centrada en defensa y seguridad, coincide con un nuevo endurecimiento de la retórica del presidente Donald Trump hacia Teherán y con críticas renovadas a Londres por el acuerdo que encauza la cesión de soberanía de las islas a Mauricio, mientras preserva el uso militar de la instalación.
La tensión inmediata se relaciona con el pacto alcanzado el año pasado por el primer ministro Keir Starmer para transferir la soberanía del archipiélago del océano Índico a Mauricio, al tiempo que el Reino Unido conserva el control de Diego García mediante un arrendamiento de 99 años que garantiza la continuidad de las operaciones estadounidenses. Washington respaldó en un primer momento ese marco, pero Trump cambió su postura en varias ocasiones y alternó críticas y mensajes de comprensión sobre el alcance del acuerdo.
En enero, Trump lo describió como un acto de “gran estupidez”; a comienzos de este mes sostuvo que entendía que el acuerdo reflejaba lo mejor que Starmer podía lograr; y esta semana lo volvió a atacar, pese a que el Departamento de Estado reiteró su respaldo oficial pocos días antes. En un mensaje en Truth Social, Trump escribió “¡NO ENTREGUEN DIEGO GARCIA!” y vinculó la base con la necesidad de “erradicar un posible ataque” procedente de Irán, al situar la instalación en el centro de su discurso.
La importancia operativa de Diego García da peso a la discusión. El archipiélago, con más de 60 islas, se sitúa en el centro del océano Índico, al sur de Maldivas, y la base funcionó durante décadas como plataforma de apoyo para operaciones militares en distintas campañas de Estados Unidos. La dotación se acerca a los 2.500 efectivos, en su mayoría estadounidenses, y la infraestructura se integró como un punto clave para despliegues de largo alcance en la región.
En los últimos meses, la instalación recuperó protagonismo en operaciones ligadas a Oriente Medio, incluidas acciones contra los hutíes de Yemen, y también como punto de apoyo para misiones de ayuda humanitaria hacia Gaza. En paralelo, el foco político se desplazó hacia las reglas de empleo del enclave. El marco de funcionamiento exige que el Reino Unido otorgue aprobación previa para cualquier operación que parta de Diego García, lo que condiciona decisiones inmediatas.
El Gobierno británico mantiene en suspenso una autorización anticipada para un eventual ataque estadounidense contra Irán desde esa instalación —y desde un aeródromo en Inglaterra— por preocupaciones jurídicas, entre ellas la posibilidad de vulnerar el derecho internacional. Trump, por su parte, fijó públicamente una ventana de 10 a 15 días para que Teherán alcance un acuerdo sobre su programa nuclear y advirtió que, de no ocurrir, podrían pasar “cosas realmente malas”.
El ministerio de Defensa británico evitó precisar detalles y repitió una fórmula usada en otras ocasiones: “No comentamos asuntos operativos”. También indicó que Londres respalda el “proceso político” en curso entre Estados Unidos e Irán. En ese marco, la reunión entre Cooper y Rubio queda marcada por dos conversaciones paralelas: la continuidad del acuerdo sobre Chagos, que Starmer presentó como vía para blindar a largo plazo el funcionamiento de la base, y la coordinación inmediata ante escenarios de crisis con Irán.
La posición oficial estadounidense mantiene el respaldo al acuerdo con Mauricio, pero las señales emitidas por Trump reabrieron la incertidumbre política sobre ese compromiso, mientras Londres preserva su derecho de veto operativo sobre el uso de Diego García. Al cierre, ambos gobiernos se disponen a abordar el asunto cara a cara en Washington, sin que el Reino Unido anunciara cambios en el esquema de autorizaciones para operaciones desde la base.
