Una traductora del ejército estadounidense fue arrestada recientemente en una base del ejército de EE.UU. en Irak después de ser acusada de dar información clasificada altamente sensible a un ciudadano libanés cercano al grupo terrorista Hezbolá.
La información que se le acusa de transmitir supuestamente contiene, “información sensible de defensa nacional, incluyendo los nombres de personas que ayudan a los Estados Unidos, a un ciudadano libanés localizado en el extranjero”, dijo el Asistente del Fiscal General de Seguridad Nacional John C. Demers.
Mariam Taha Thompson trabajó en las instalaciones de una operación especial en Erbal, Irak, desde mediados de diciembre de 2019 como lingüista contratada.
Después de que EE.UU. realizó un ataque aéreo a los depósitos de armas y centros de mando de Hezbolá en Irak y Siria el 30 de diciembre, Thompson accedió a los archivos de ocho fuentes de espionaje, a las que su trabajo hizo un “cambio notable”, según los documentos publicados en la audiencia inicial celebrada el miércoles.
Durante las siguientes seis semanas continuó accediendo a los archivos secretos del gobierno que contenían los nombres de la fuente de inteligencia, según un informe del New York Times.
El 19 de febrero el FBI encontró en su colchón una lista en árabe con los nombres de las fuentes de inteligencia, así como una advertencia a un objetivo militar afiliado a Hezbolá.
El Departamento de Justicia dijo que Thompson accedió repetidamente a docenas de documentos que no necesitaba revisar, por lo que se enfrenta a cargos de posesión ilegal de información gubernamental; un delito menor que el de dar esa información a un país extranjero.
Thompson fue llevada de vuelta a los Estados Unidos y la audiencia se celebró en DC. Estará detenida sin fianza hasta el 11 de marzo cuando se celebrará otra audiencia, en la que se decidirá si permanecerá en la cárcel hasta su juicio.
Sus cargos por violación de las leyes de espionaje, si es declarada culpable, podrían conllevar posibles sentencias de por vida, incluyendo la pena de muerte, según le dijo el juez Robin Meriweather.
John Cummings, un fiscal en la audiencia dijo que ella plantea “una amenaza grave e inminente a los activos de EE.UU. en una zona militar”.
No está claro cómo Thompson tuvo acceso a la información clasificada en primer lugar, lo que plantea cuestiones de seguridad.
