La aviación comercial europea acumuló 20 alertas de bomba entre el 2 y el 5 de noviembre de 2026. La sucesión de avisos obligó a desviar aviones de pasajeros, inspeccionar aeronaves y movilizar cazas militares en varios países. Dos de los episodios del 5 de noviembre afectaron a vuelos con destino a Roma: uno de Finnair procedente de Helsinki y otro de Aer Lingus que había despegado de Dublín.
El Airbus A321 de Finnair, que operaba el vuelo 1761, recibió protección de dos Eurofighter de la Fuerza Aérea italiana, activados desde la base de Grosseto bajo el servicio de alerta de reacción rápida (QRA). El aviso sobre un posible artefacto explosivo llegó mediante un correo electrónico escrito en italiano, considerado creíble. El avión aterrizó sin incidentes en Roma-Fiumicino. Los especialistas de seguridad efectuaron las comprobaciones mientras los cazas permanecían en vuelo sobre el aeropuerto.
El vuelo EI402 de Aer Lingus no llegó a Roma. El Airbus A320, que transportaba a 151 pasajeros y seis tripulantes, cambió de rumbo cuando atravesaba el espacio aéreo francés. Aviones militares de Francia lo escoltaron hasta la base aérea de Évreux, en Normandía. Tras el aterrizaje seguro, las autoridades aplicaron los procedimientos de seguridad y desplegaron personal militar especializado en desactivación de explosivos para examinar la aeronave.
También el 5 de noviembre, un Airbus A321 de Wizz Air que cubría la ruta Milán-Varsovia se dirigió a Viena después de recibir una amenaza en pleno vuelo. Otros tres avisos afectaron a vuelos de Ryanair desde Copenhague, Madrid y Londres-Stansted con destino a Bulgaria. Los dos primeros aterrizaron en Sofía; el tercero fue desviado a Plovdiv. Hubo más alertas e inspecciones de aviones en Polonia, Bélgica y la República Checa.
Las alertas se multiplicaron en apenas cuatro días
Al menos 12 amenazas contra vuelos europeos se registraron el 5 de noviembre. En varios episodios, los mensajes llegaron de forma anónima por correo electrónico a aerolíneas, operadores aeroportuarios u otras entidades relacionadas con las operaciones de los aeropuertos. Dos días antes, el 3 de noviembre, al menos siete aeronaves ya habían resultado afectadas por avisos similares.
Durante aquella jornada del 3 de noviembre, las amenazas alcanzaron a vuelos de Ryanair, LOT Polish Airlines, Scandinavian Airlines y Wizz Air en distintos países. En Italia fueron inspeccionados dos vuelos de Ryanair que llegaron a Roma-Fiumicino desde Lisboa y Dublín. El Boeing 737 procedente de Dublín recibió una escolta de cazas italianos antes de aterrizar.
En Polonia, un vuelo de LOT desde Londres-Heathrow con destino a Varsovia tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Varsovia-Modlin. Las instalaciones cerraron de manera temporal durante la inspección del avión. La serie de incidentes había comenzado el 2 de noviembre con otro vuelo de Wizz Air: salió de Londres-Luton hacia Sofía, pero una amenaza de bomba motivó la intervención de un Gripen de la Fuerza Aérea húngara, que lo interceptó y escoltó hasta Budapest.
Las inspecciones efectuadas hasta ese momento no encontraron artefactos explosivos a bordo. Por ello, las autoridades tratan los avisos como falsas amenazas. Eso no elimina sus consecuencias operativas: una advertencia que resulte creíble exige activar medidas de protección antes de que pueda descartarse el peligro.
Un correo anónimo puede movilizar aeropuertos, especialistas y cazas
Cada amenaza puede requerir coordinación con el control del tránsito aéreo, cambios de itinerario, desvíos a aeropuertos alternativos, servicios de emergencia, equipos de desactivación de explosivos y aviones de combate en alerta. Estas respuestas alteran las operaciones de aerolíneas y aeropuertos y consumen recursos militares y civiles, incluso si la inspección concluye que no había ninguna bomba.
La diferencia de costes es considerable: enviar un mensaje anónimo con el origen y la identidad del remitente ocultos requiere pocos medios, mientras que desviar un avión comercial, movilizar cazas y gestionar retrasos supone un gasto elevado. Además de la interrupción de los vuelos, las alertas pueden afectar a la confianza de los pasajeros en el transporte aéreo.
Los avisos llegan después de una serie de presuntas incursiones de drones que interrumpieron temporalmente la actividad de varios aeropuertos, sobre todo en el norte de Europa. Un dron cerca de las pistas representa un peligro material por la posibilidad de colisión con una aeronave o, si transporta explosivos, de detonación contra un objetivo. Una amenaza falsa de bomba no implica esa presencia física, pero obliga igualmente a adoptar precauciones.
La cantidad de incidentes y su distribución por Europa plantean la hipótesis de una campaña de guerra híbrida contra la aviación civil. No se ha establecido una relación entre las amenazas de bomba y los episodios con drones, ni se ha identificado a sus posibles responsables. Por tanto, esa interpretación es una hipótesis y no una atribución de los ataques a un mismo autor.
La guerra híbrida combina procedimientos convencionales y no convencionales, entre ellos operaciones de información, ciberataques y sabotajes, para presionar o desestabilizar a un adversario sin recurrir necesariamente a un conflicto abierto. El anonimato de los avisos y el coste desproporcionado de responder a ellos muestran cómo los propios protocolos de seguridad pueden convertirse en un objetivo de perturbación.
En paralelo se denunciaron ciberataques contra refrigeradores y congeladores de supermercados en siete países europeos. Los atacantes habrían alterado a distancia sus termostatos y, en algunos casos, elevado la temperatura hasta 50 °C. Estos episodios forman parte del contexto de amenazas descrito, aunque tampoco se ha establecido que estén relacionados con las alarmas aéreas.
Las autoridades europeas afrontan así dos tareas simultáneas: mantener una respuesta rápida frente a posibles amenazas reales e identificar a quienes envían avisos falsos. También deben determinar si existe coordinación entre los incidentes y si interviene algún Estado, sin reducir las medidas de seguridad destinadas a proteger a los pasajeros y las operaciones aéreas.
