Israel no renovó las visas de los responsables locales de tres agencias de la ONU que operan en Gaza. La medida afecta a dirigentes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la UNRWA. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, confirmó que estos visados no fueron prorrogados en los últimos meses.
Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad que el mandato de su organismo incluye la entrega de ayuda, la documentación de hechos observados por su personal y la promoción del derecho internacional humanitario. Añadió que informar sobre sus hallazgos ha generado restricciones adicionales en el acceso a la población civil en Gaza. Sostuvo que las autoridades israelíes han recortado o denegado visas como respuesta directa a estos informes.
La representación diplomática israelí ante la ONU señaló que el caso está en proceso de revisión. Israel mantiene críticas de larga data contra la UNRWA, a la que acusa de vínculos con Hamás y de difundir contenido hostil hacia Israel, acusaciones que la agencia rechaza. Tras los atentados del 7 de octubre de 2023, Israel afirmó que Hamás ha infiltrado profundamente a la UNRWA. Varios empleados de la agencia habrían participado en los ataques. Como consecuencia, Israel prohibió su operación dentro del país y denegó el ingreso a Gaza de su comisionado general, Philippe Lazzarini.
La ONU identificó a los otros dos dirigentes afectados como Jonathan Whittall, de nacionalidad sudafricana y perteneciente a la OCHA, y Ajith Sunghay, abogado internacional del ACNUDH formado en el Reino Unido. Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU con sede en Ginebra, confirmó que a Sunghay se le negó el ingreso a Gaza desde febrero de 2025. Indicó que este tipo de restricciones también se ha impuesto a periodistas, personal de la ONU y trabajadores humanitarios.
Durante la misma sesión del Consejo de Seguridad, Fletcher afirmó que la población en Gaza enfrenta condiciones extremas, con escasez de alimentos y civiles abatidos al intentar abastecerse. Acusó a Israel de incumplir sus obligaciones como potencia ocupante en virtud de los Convenios de Ginebra, al no garantizar el suministro de bienes esenciales a la población. Añadió que las autoridades israelíes han limitado las “autorizaciones de seguridad” para ingresar a Gaza, lo cual ha impedido que parte del personal continúe sus funciones.
Según Fletcher, en lo que va de 2025, el 56 % de las solicitudes de ingreso rechazadas por Israel correspondieron a equipos médicos de emergencia. Sostuvo que cientos de trabajadores humanitarios han muerto durante la guerra y que quienes continúan en funciones enfrentan condiciones similares a las de la población local. Señaló que estas restricciones también afectan a los socios de la ONU en la región.
Israel acusó de antisemitismo a una comisión respaldada por la ONU que investiga violaciones en Gaza, cuyos tres integrantes renunciaron recientemente. También formuló acusaciones contra Francesca Albanese, investigadora independiente del Consejo de Derechos Humanos. Albanese ha acusado a Israel de genocidio en Gaza y ha justificado los ataques del 7 de octubre dentro de lo que denominó un contexto de décadas de represión. Además, ha difundido afirmaciones controvertidas sobre el “lobby judío” en Estados Unidos, ha comparado a los israelíes con los nazis y ha negado el derecho de Israel a defenderse.
Como consecuencia, la administración Trump impuso sanciones contra Albanese. Reut Shapir Ben-Naftaly, representante política de la misión israelí ante la ONU, declaró que algunos miembros del Consejo de Seguridad han omitido mencionar que los ataques del 7 de octubre causaron la muerte de aproximadamente 1.200 personas y el secuestro de 250 más. Añadió que esta omisión distorsiona el origen de la guerra al evitar responsabilizar a Hamás por los actos de violencia y sus consecuencias.
El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reportó más de 58.000 muertes desde el inicio de la guerra. Las cifras no diferencian entre civiles y combatientes, aunque la institución afirma que más de la mitad de los muertos son mujeres y menores de 18 años.
