Más de 2.400 horas de grabaciones de seguridad, correspondientes a más de 60 días de actividad, llevaron a la Policía israelí a identificar cientos de posibles episodios de maltrato en una guardería de Ariel. Las víctimas eran bebés de entre 10 y 15 meses, a quienes sus familias habían dejado bajo el cuidado de las empleadas del establecimiento. La investigación se centró en la directora y dos cuidadoras, sospechosas de participar en numerosos actos de violencia.
Las imágenes examinadas muestran, de acuerdo con las sospechas policiales, agresiones que incluyen sacudidas, tirones de pelo, estrangulamientos, inmovilizaciones mediante ataduras y golpes contra distintas superficies. Los investigadores consideran que algunos de esos ataques habrían provocado desorientación e incluso pérdida del conocimiento en los menores. La gravedad de las escenas determinó que las autoridades dedicaran un equipo especial a revisar las grabaciones y reconstruir lo ocurrido.
El caso comenzó a principios de octubre, cuando una denuncia sobre conductas sospechosas en el centro llegó a la Policía. Los agentes de la comisaría de Ariel consiguieron autorizaciones judiciales para incautar las imágenes del sistema de vigilancia. Tras encontrar un primer episodio que justificaba una investigación penal, arrestaron a una cuidadora de unos 40 años. El examen posterior del material situó bajo sospecha a otra trabajadora, una ciudadana extranjera de unos 30 años empleada sin permiso de trabajo, y a la directora.
La Policía coordinó entonces medidas con el Ministerio de Educación para impedir que continuara la actividad en el establecimiento. Ante el riesgo para los niños, se ordenó su cierre durante 60 días al amparo de la Ley de Supervisión de Guarderías. En paralelo, se constituyó un equipo con investigadores de la comisaría de Ariel y de la Unidad de Lucha contra el Crimen del distrito de Samaria, además de agentes y personal del distrito policial de Judea y Samaria.
La revisión también abrió una línea de investigación sobre otras tres cuidadoras que habían trabajado en la guardería durante el año en curso o en años anteriores. Las tres fueron detenidas e interrogadas, pero un tribunal dispuso su traslado a arresto domiciliario sujeto a restricciones. Su posible responsabilidad todavía se investiga y es distinta de la situación procesal de las tres sospechosas principales.
Las detenciones de la directora y las dos cuidadoras principales fueron prorrogadas en varias ocasiones. Este miércoles, tras concluir la investigación sobre ellas y reunir las pruebas, se presentó una declaración del fiscal previa a las acusaciones formales que deberá formular la Fiscalía del Distrito Central. El tribunal volvió a prolongar su detención. Como parte del procedimiento penal, los investigadores también adoptaron medidas para incautar sus cuentas bancarias y los fondos depositados en ellas.
El comandante de la Policía del distrito de Judea y Samaria, Moshe Pinchi, calificó los hechos atribuidos a las sospechosas como una grave agresión contra personas incapaces de defenderse o pedir ayuda. Sostuvo que el material descubierto refleja, además, una profunda traición a la confianza depositada por los padres en quienes debían proteger a sus hijos. Dijo que, como padre y abuelo, comprendía el dolor de las familias y que había visto imágenes de una crueldad que no había encontrado en sus años de servicio público.
Pinchi afirmó que la Policía continuará con las actuaciones destinadas a proteger a personas indefensas y a llevar ante la justicia a los responsables de cualquier daño contra ellas. También destacó el trabajo del equipo especial, tanto en la investigación de los hechos como en el acompañamiento a las familias afectadas.
