El martes, la ONU planteó “serias preocupaciones” sobre los juicios de cientos de presuntos miembros del Estado Islámico en Irak, algunos de los cuales simplemente preparaban comidas, ofrecían servicios médicos o incluso actuaban como escudos humanos para el grupo jihadista.
Irak ha procesado miles de casos bajo su ley anti-terrorista, incluyendo detenidos de fuera del Medio Oriente transferidos de la vecina Siria, en el período posterior a la guerra de 2014-17 contra los militantes del Estado Islámico.
El informe conjunto de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Irak (UNAMI) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) cubre 794 juicios llevados a cabo entre el 1 de mayo de 2018 y el 31 de octubre de 2019, dijo el portavoz de la ACNUDH, Jeremy Laurence, en una reunión informativa en Ginebra.
“El informe plantea serias preocupaciones sobre los juicios injustos que colocan a los acusados en una seria desventaja”, dijo, añadiendo que los casos del informe de la ONU también incluían 28 acusados extranjeros de 11 países diferentes.
En algunos casos, las personas habían prestado servicios de apoyo básicos, como la venta de verduras o la preparación de comidas para los miembros del grupo jihadista de línea ultra dura, según el informe.
Un joven, que en ese momento tenía 14 años, fue condenado por el Tribunal de Menores de Karkh, en Bagdad, a 15 años de prisión por admitir que había actuado como un escudo humano, junto con otros miembros de su familia, para proteger a los combatientes de un ataque aéreo, según el informe.
En otro caso, el acusado, que era farmacéutico, fue sentenciado a cadena perpetua en Mosul por prestar servicios médicos a miembros heridos de ISIS.
“Los enjuiciamientos en el marco legal antiterrorista… se centraron en la ‘pertenencia’ a una organización terrorista sin distinguir suficientemente entre los que participaron en delitos graves y los que se unieron a ISIS por necesidades de supervivencia o bajo coacción”, decía el informe.
En 109 de los casos estudiados por la ONU, se dictaron sentencias de muerte, dijo Laurence. En uno de esos casos, el abogado defensor fue nombrado el día del juicio, no se había reunido con su cliente de antemano y permaneció en silencio durante todo el tiempo.
Los acusados o los abogados defensores alegaron tortura o malos tratos durante los interrogatorios en 260 audiencias, según el informe, incluso de mujeres o niños. El informe decía que los jueces generalmente no cuestionaban las confesiones que parecían haber sido obtenidas de esta manera.
Los organismos de la ONU no podían verificar independientemente esas denuncias, pero dijeron que habían estado recibiendo “informes creíbles” de tortura y malos tratos por parte de las autoridades durante años.
