Una jueza federal de inmigración en Luisiana advirtió que podría cerrar el caso de deportación contra Mahmoud Khalil si el gobierno no presenta pruebas contundentes para justificar su expulsión. Khalil, estudiante activista de la Universidad de Columbia, permanece detenido desde hace más de un mes en un centro en Jena, Luisiana, tras haber sido arrestado en Nueva York por agentes migratorios.
Durante la audiencia del martes, la jueza Jamee Comans estableció como fecha límite este miércoles para que las autoridades entreguen documentación que sustente las acusaciones contra Khalil, residente legal de 30 años. “Me gustaría ver las pruebas”, afirmó Comans. De no recibirlas, anunció que cerrará el caso el viernes.
El abogado defensor, Marc Van Der Hout, denunció la falta total de transparencia del gobierno. Afirmó que no han recibido ningún documento con detalles sobre las supuestas faltas y subrayó que su equipo no puede responder sin conocer las acusaciones concretas.
Khalil fue interceptado el 8 de marzo por oficiales de inmigración en el vestíbulo de su edificio en Nueva York y luego trasladado a Luisiana. Su arresto fue parte de una ofensiva más amplia contra estudiantes internacionales que participaron en protestas universitarias contra la ofensiva militar de Israel en Gaza. Aunque actuó como enlace estudiantil en las movilizaciones de Columbia, Khalil no enfrenta cargos penales y rechaza las acusaciones de antisemitismo.
El argumento del gobierno se basa en que Khalil no declaró su “membresía” en la agencia de refugiados palestinos de la ONU (UNRWA) al solicitar la residencia. Sin embargo, la UNRWA y su equipo legal explicaron que solo realizó una pasantía sin remuneración como parte de su maestría en Columbia, experiencia que sí fue incluida en su solicitud migratoria.
Desde el centro de detención, Khalil envió una carta donde calificó su arresto como represalia por sus opiniones políticas. Afirmó que su encarcelamiento responde al ejercicio de su libertad de expresión al defender una Palestina libre y denunciar el genocidio en Gaza.
En paralelo, se libra otra disputa legal en Nueva Jersey sobre su detención. Un juez federal rechazó que el caso fuera transferido a Luisiana, aunque aún no se ha pronunciado sobre la posible liberación del activista.
