En Oak Park, un suburbio de Chicago, aproximadamente el 65 % de los votantes respaldó una propuesta contra la ley de Illinois que restringe las inversiones de los fondos estatales de pensiones en empresas que boicotean a Israel. El porcentaje procede del recuento no oficial. La iniciativa prosperó pese a una campaña de oposición de la comunidad judía local.
La misma posición recibió apoyo electoral en otros siete distritos de Illinois: Champaign, Cunningham, DuPage, Kickapoo, Medina, Normal y Peoria. Las ocho consultas, celebradas la semana pasada, instan al estado a derogar la norma contra el movimiento BDS —Boicot, Desinversiones y Sanciones— o a respaldar iniciativas legislativas destinadas a eliminarla. Sin embargo, sus resultados no modifican la legislación vigente.
Los grupos propalestinos celebraron las votaciones como una señal de que la oposición a esa ley gana respaldo entre los electores. La normativa fue aprobada en 2015 y convirtió a Illinois en el primer estado estadounidense en adoptar una medida de este tipo contra el BDS. Desde entonces, decenas de estados han establecido disposiciones similares, que también han sido impugnadas por organizaciones defensoras de los derechos amparados por la Primera Enmienda.
La Jewish United Fund (JUF), federación judía de Chicago que promovió la ley en el momento de su aprobación, participó en la campaña contra el referendo de Oak Park. Su responsable de asuntos públicos, Dan Goldwin, reconoció que habría preferido la derrota de la propuesta. No obstante, señaló que el respaldo obtenido por esta fue inferior al que los mismos electores dieron a destacados candidatos demócratas, entre ellos el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y la excandidata presidencial Kamala Harris.
Goldwin consideró que la oposición ganó terreno cuando los residentes conocieron el contenido de la consulta, pero sostuvo que faltó tiempo para cambiar el resultado. Parte de la campaña contraria había dedicado esfuerzos a cuestionar la validez de las firmas reunidas por los impulsores del referendo. A juicio del dirigente, ese tiempo habría sido más útil para convencer a los votantes de rechazar la iniciativa.
El debate también produjo tensiones personales en Oak Park y sus alrededores. El rabino Adir Glick, del templo conservador Har Zion de River Forest, localidad vecina, describió la campaña como una manifestación local de un movimiento mundial que, a su entender, pretende destruir el único Estado judío. Explicó que algunas personas perdieron amistades y atravesaron conflictos con vecinos y compañeros de trabajo durante los últimos meses, aunque la controversia también movilizó a la comunidad judía.
Pese al resultado, la JUF no cambiará su estrategia de oposición a la derogación de la ley en el ámbito estatal. Goldwin observó que, salvo Oak Park, los organizadores de las consultas evitaron en gran medida localidades con comunidades judías numerosas. También sostuvo que los partidarios de eliminar la norma son todavía una minoría significativa.
En Bloomington Township, otra votación aprobó una propuesta para que el Gobierno federal prohíba transferir armas a cualquier país considerado una dictadura, un Estado de apartheid o un gran violador de los derechos humanos. El texto de la consulta no mencionaba a Israel. Sin embargo, los activistas propalestinos han acusado durante años a Israel de apartheid y reclamado el cese de las ventas estadounidenses de armamento al país. Dirigentes judíos de la zona expresaron preocupación por la campaña.
En Providence, Rhode Island, la misma jornada electoral dejó una decisión de alcance diferente. Los votantes aprobaron allí un referendo vinculante para retirar inversiones municipales de países extranjeros que practiquen limpieza étnica, apartheid, ocupación militar ilegal o genocidio. Tanto los defensores como los detractores de esa medida consideran que su formulación incluye a Israel. A diferencia de las ocho consultas de Illinois, la decisión de Providence sí tiene carácter obligatorio.
