La Lista Conjunta obtuvo 11 escaños en las elecciones israelíes de 2026 y sus posibles acuerdos con otros partidos han reabierto la discusión sobre la trayectoria de algunos de sus representantes. En ese contexto han cobrado atención visitas y actos públicos en los que participaron Yousef Jabareen, Yosef Atawna y Ahmad Darawshe, así como sus declaraciones sobre presos palestinos y dirigentes vinculados a organizaciones terroristas.
Uno de los episodios corresponde a 2020. Jabareen, entonces diputado y actual presidente de la Lista Conjunta, acudió al hospital Kaplan para visitar a Maher al-Akhras, un destacado activista de la Yihad Islámica Palestina en Judea y Samaria. Al-Akhras mantenía una huelga de hambre contra su detención administrativa. Jabareen grabó un video desde la habitación y expresó su respaldo al detenido.
En esa grabación, Jabareen explicó que Al-Akhras atravesaba un estado de salud grave. También afirmó que estaban a su lado y que dedicarían todos sus esfuerzos a conseguir su liberación y preservar su vida. La visita figura entre los antecedentes que se citan ahora para cuestionar la posibilidad de que partidos sionistas colaboren con la Lista Conjunta.
La actividad pública de Jabareen también incluye una intervención en 2015 en un encuentro celebrado en la localidad de Duma, cerca de Nablús. Ante los asistentes, definió su proyecto político como uno de unidad, lucha y desafío. El acto se desarrolló bajo fotografías de Yaser Arafat, Ahmed Yassin y Fathi Shaqaqi, fundador de la Yihad Islámica Palestina.
En ese mismo encuentro intervino Khader Adnan, descrito como uno de los principales dirigentes de la Yihad Islámica en Judea y Samaria y como amigo cercano de Jabareen. La presencia de ambos en la reunión es otro de los hechos utilizados para sostener las críticas políticas contra el dirigente de la Lista Conjunta.
Otro de los políticos mencionados es Yosef Atawna, beduino residente en el Néguev y situado en el cuarto puesto de la candidatura de la Lista Conjunta en las últimas elecciones. En 2017 participó en una protesta contra la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén. Difundió entonces una imagen en la que sostenía carteles en árabe con las frases “Estados Unidos es la cabeza de la serpiente” y “Trump es el nuevo Balfour”.
Durante aquel año, Atawna publicó asimismo una fotografía acompañada del mensaje “Jerusalén es la capital de Palestina”. Estos antecedentes corresponden a sus posiciones y manifestaciones políticas sobre Estados Unidos y Jerusalén, y no constituyen, por sí solos, pruebas de pertenencia a una organización terrorista.
Ahmad Darawshe, abogado que ocupa el noveno lugar en la lista electoral, también aparece entre los nombres examinados. Trabajó durante años como asesor de Ahmad Tibi. En 2013 fue el presentador de un acto de apoyo a presos palestinos al que acudió la madre de Samer al-Issawi, quien se encontraba en huelga de hambre.
Al-Issawi había recibido una condena de 30 años de prisión por su participación en atentados con armas de fuego. Salió de prisión mediante el acuerdo de intercambio por Gilad Shalit, pero fue encarcelado de nuevo posteriormente. Durante la recepción, Darawshe dio la bienvenida a su familia, manifestó que estaban orgullosos de su presencia y expresó su deseo de continuar el apoyo a la causa de los presos.
Darawshe también acudió en 2020 a visitar a Maher al-Akhras durante su huelga de hambre. En aquella visita participaron Ahmad Tibi, a quien Darawshe había asesorado, y el diputado Ofer Cassif. Este último hizo ante la cámara la señal de la victoria con los dedos.
La controversia actual se refiere a si esos antecedentes deben impedir que otras fuerzas parlamentarias negocien con la Lista Conjunta. Quienes rechazan esa cooperación sostienen que las visitas y actos descritos muestran proximidad con personas vinculadas al terrorismo. Los hechos presentados permiten identificar participaciones y declaraciones concretas, pero no establecen que los tres políticos pertenezcan a organizaciones terroristas ni que exista una responsabilidad penal de los diputados por esas actividades.
