El ministro de Justicia, Yariv Levin, pidió este sábado al gobierno israelí que no colabore con Ronen Bar en caso de que la Corte Suprema anule su destitución como jefe del Servicio de Seguridad Interior (ISA).
Durante una entrevista en Channel 14 News, Levin afirmó que si el fallo restituye a Bar en su cargo, el gobierno no debe trabajar con él. Aseguró que, bajo esas condiciones, el jefe del ISA renunciará en menos de una semana.
Consultado sobre un posible impacto en la seguridad nacional, Levin reiteró que Bar no permanecería en el cargo mucho tiempo si el tribunal anula su despido, ya que “eso es lo que tiene que suceder”.
En su declaración, sostuvo que Israel está próximo a ganar la batalla política actual y que el fiscal general eventualmente abandonará su cargo, aunque el proceso será complicado.
Apuntando contra el sistema judicial, Levin declaró que se niega a apoyar el nombramiento de jueces para la Corte Suprema que no sean conservadores. Añadió que, mientras líderes mundiales reciben con honores al primer ministro Netanyahu, en Israel “lo persiguen con maldad”.
El viernes, la fiscal general Gali Baharav-Miara presentó un informe ante la Corte Suprema calificando de inválida la decisión del gobierno de destituir a Bar. Alegó que responde a conflictos de interés ligados al primer ministro, motivados por investigaciones que involucran a allegados suyos.
Según Baharav-Miara, el despido se tomó con urgencia, violando principios básicos del derecho administrativo, y pone en riesgo la autonomía y eficacia futura del ISA. También advirtió que esta medida sienta un precedente peligroso al permitir la remoción de líderes de seguridad sin fundamentos válidos.
No obstante, se señaló que Baharav-Miara podría tener un conflicto de intereses, ya que su esposo mantiene una estrecha amistad con Bar y el ex jefe del ISA, Nadav Argaman. Shalom Arbel, exoficial del ISA, confirmó que compartieron unidad y trabajaron como un equipo durante años.
La legislación vigente establece que el nombramiento o cese del jefe del ISA recae exclusivamente en el gobierno, sin obligación de justificar el despido durante el mandato.
