El juez Moshe Bar-Am cuestionó este miércoles que el Tribunal de Distrito de Jerusalén pueda ignorar las actuaciones ilegales reveladas durante el juicio contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. El magistrado intervino después de que el exfiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, reconociera en su testimonio que se habían realizado investigaciones sin su autorización. Sus declaraciones surgieron durante una disputa entre la defensa y la Fiscalía sobre los límites del interrogatorio del antiguo funcionario, quien ya ha comparecido como testigo durante siete sesiones.
La controversia comenzó cuando la fiscal adjunta del Estado y responsable del equipo de la acusación, Yehudit Tirosh, intentó convencer a los jueces de que rechazaran la solicitud de la defensa para ampliar las preguntas sobre las irregularidades descubiertas durante las investigaciones. La Fiscalía pretendía restringir el interrogatorio a la comprobación de las autorizaciones legales necesarias para abrir una investigación penal contra un primer ministro en ejercicio.
Bar-Am interrumpió a Tirosh y cuestionó que el tribunal pudiera desentenderse de las declaraciones del exfiscal general, quien había reconocido que determinadas actuaciones se realizaron sin su consentimiento.
“No estoy seguro de que un tribunal, dada su especial responsabilidad, pueda ignorar el testimonio de alguien que declara sobre actuaciones ilegales que no autorizó y que no pueden pasarse por alto”, afirmó el juez.
El magistrado añadió inmediatamente: “Es un problema”.
La intervención cuestionó el argumento central de la Fiscalía, según el cual la condición de exfiscal general de Mandelblit no justifica someterlo a un interrogatorio sobre los procedimientos internos de la acusación ni sobre los criterios profesionales que condujeron a la presentación de los cargos contra Netanyahu.
Bar-Am señaló que la discusión no podía limitarse a una cuestión teórica sobre las facultades de los abogados defensores. El antiguo responsable de la Fiscalía ya había comparecido ante el tribunal y declarado personalmente sobre actuaciones que se llevaron a cabo sin su autorización. Su testimonio había introducido hechos que los jueces debían considerar al examinar las garantías procesales del acusado.
“Él declaró, lo escuchamos y, según su versión, existen cuestiones aparentemente pertinentes para una defensa basada en la vulneración del derecho a un proceso justo”, manifestó el magistrado.
Tirosh advirtió que permitir un interrogatorio de esas características establecería un precedente peligroso, pues facilitaría que los abogados defensores cuestionaran las decisiones internas de los fiscales y de los funcionarios encargados de las investigaciones penales.
Bar-Am volvió a interrumpirla: “¡Pero él declaró!”.
El juez insistió en que las presunciones jurídicas invocadas por la acusación no eliminaban las consecuencias de las declaraciones ya escuchadas por el tribunal. “Existen presunciones, pero él declaró. Escuchamos cosas que, según el fiscal general, parecen problemáticas”, señaló.
La insistencia del magistrado dejó expuesta la principal dificultad de la posición de la Fiscalía: no se trataba de una solicitud de la defensa para investigar indiscriminadamente los criterios profesionales de un funcionario, sino de esclarecer actuaciones sobre las que el propio exfiscal general ya había declarado ante los jueces.
Tirosh mantuvo su oposición a ampliar el interrogatorio. Explicó que un fiscal general no revisa personalmente todos los documentos de una investigación ni participa directamente en cada decisión de los equipos policiales. Su trabajo depende de fiscales, investigadores y especialistas que examinan las pruebas, preparan informes y presentan las conclusiones necesarias para adoptar decisiones.
Según la representante de la acusación, el hecho de que un alto funcionario autorice una investigación o apruebe una acusación no significa que deba responder judicialmente sobre cada documento que examinó o dejó de examinar. Permitirlo obligaría a revisar miles de páginas, dictámenes, memorandos y deliberaciones internas, con consecuencias para el desarrollo del juicio.
“Precisamente, la obligación del tribunal es todavía mayor desde el momento en que se ha abierto una puerta: debe restringirla y limitarla a las cuestiones estrictamente necesarias”, declaró Tirosh.
La fiscal explicó que la acusación no pretende impedir que Netanyahu invoque la vulneración de su derecho a un proceso justo. Su oposición se dirige al procedimiento elegido por la defensa para demostrar las irregularidades denunciadas. A su juicio, los abogados pueden recurrir a las pruebas disponibles y a los testimonios de los investigadores policiales sin examinar qué sabía personalmente Mandelblit cuando adoptó cada una de sus decisiones.
El abogado defensor Amit Hadad rechazó esa interpretación. Sostuvo que las declaraciones anteriores del exfiscal general habían revelado circunstancias excepcionales que exigían una investigación exhaustiva. El propósito del interrogatorio, explicó, no era revisar indiscriminadamente las decisiones profesionales de la Fiscalía, sino esclarecer actuaciones fundamentales que el propio Mandelblit reconoció desconocer durante su mandato.
Hadad recordó que el antiguo funcionario había descrito investigaciones realizadas a sus espaldas, además de presiones y circunstancias que le hicieron considerar necesaria una supervisión más estricta sobre los investigadores policiales. Según la defensa, esas declaraciones justifican examinar las actuaciones cuestionadas y determinar sus consecuencias para la legalidad y la integridad del procedimiento penal.
Durante sus anteriores comparecencias, Mandelblit confirmó que posteriormente descubrió medidas de investigación ejecutadas sin su autorización e incluso calificó algunos de esos casos como graves. Sus declaraciones constituyen uno de los principales fundamentos de la defensa para exigir que el tribunal examine las irregularidades cometidas durante la investigación contra Netanyahu.
Entre las cuestiones planteadas por los abogados figuran actuaciones que excedieron presuntamente las autorizaciones concedidas, averiguaciones sobre el primer ministro realizadas sin aprobación expresa y denuncias de presiones indebidas contra investigados y testigos colaboradores de la Fiscalía.
La defensa también denunció intentos de interferir en la representación legal de algunos testigos. Los abogados pretenden esclarecer si esas actuaciones ocurrieron, quiénes participaron y qué información recibió el entonces fiscal general cuando todavía ejercía sus funciones.
Hadad reveló que dispone de documentos oficiales redactados por Mandelblit que registran consultas dirigidas a los responsables de las investigaciones y las respuestas que estos proporcionaron.
Según esas comunicaciones, los investigadores aseguraron que no se habían ejercido presiones indebidas sobre los testigos ni se había intentado modificar su representación legal. La defensa sostiene que las pruebas descubiertas durante los años posteriores contradicen aquellas explicaciones.
“Hoy vemos que esas respuestas, a nuestro juicio, no eran correctas”, declaró Hadad.
Los abogados consideran que esos documentos permiten confrontar las respuestas recibidas por el exfiscal general con las pruebas incorporadas posteriormente al proceso. Su objetivo es determinar si los responsables de las investigaciones proporcionaron información incorrecta al funcionario encargado de autorizarlas y supervisarlas.
La controversia jurídica también comprende el artículo 17, apartado a, de la Ley Fundamental del Gobierno, que regula las condiciones para iniciar investigaciones penales contra un primer ministro en ejercicio.
La Fiscalía acepta que Mandelblit responda preguntas sobre las autorizaciones exigidas por esa disposición. Sin embargo, rechaza que el interrogatorio se extienda a los procedimientos internos que condujeron a la presentación de los cargos, las pruebas que recibió el exfiscal general y la información que pudo habérsele ocultado.
La defensa sostiene que esa limitación impediría esclarecer las circunstancias que el propio testigo puso en conocimiento del tribunal. Hadad considera indispensable investigar qué actuaciones se realizaron sin autorización, cómo fueron comunicadas a las autoridades y si las decisiones posteriores se adoptaron sobre la base de información incompleta o incorrecta.
El debate también comprende las consecuencias jurídicas de las medidas de investigación ejecutadas sin la autorización legalmente exigida. Los abogados de Netanyahu pretenden que el tribunal examine el conjunto de las irregularidades denunciadas y determine su efecto acumulado, en lugar de considerar cada episodio de manera aislada.
Esta cuestión forma parte de la estrategia de la defensa para fundamentar una futura solicitud basada en la vulneración del derecho a un proceso justo. Sus abogados sostienen que las deficiencias de supervisión, las actuaciones no autorizadas y las presuntas presiones sobre testigos comprometieron aspectos esenciales de la investigación.
El testimonio de Mandelblit ha creado una situación judicial excepcional. Un antiguo responsable máximo de la Fiscalía comparece como testigo a petición de la defensa de un primer ministro acusado, y sus propias declaraciones han proporcionado argumentos para cuestionar las actuaciones realizadas durante las investigaciones que supervisaba.
Las intervenciones de Bar-Am añadieron una dificultad para la posición de la acusación. La solicitud de ampliar el interrogatorio ya no se sostiene exclusivamente en las alegaciones de los abogados de Netanyahu. Uno de los integrantes del tribunal ha cuestionado expresamente que puedan ignorarse las actuaciones ilegales mencionadas por el propio exfiscal general.
Si los jueces aceptan la posición de la defensa, Mandelblit deberá responder preguntas sobre los procedimientos internos de decisión, las autorizaciones concedidas y la información que recibió o desconocía cuando se desarrollaron las investigaciones. Ese examen también podría permitir confrontar las explicaciones de los investigadores con los documentos oficiales y las pruebas incorporadas posteriormente al proceso.
La ampliación del interrogatorio podría obligar a examinar correspondencia, memorandos y deliberaciones internas de la Fiscalía que hasta ahora no han sido sometidos a discusión pública durante el juicio. Los resultados podrían aportar pruebas para sustentar las alegaciones de graves irregularidades procesales formuladas por la defensa.
La audiencia concluyó cuando los jueces se retiraron para un receso, sin que se comunicara una resolución definitiva sobre los límites del interrogatorio.
La decisión determinará si la defensa puede profundizar en las actuaciones de investigación realizadas sin autorización, como exige Hadad, o si prevalecerán las restricciones solicitadas por la Fiscalía. El tribunal deberá resolver una controversia que el propio Bar-Am ha situado en el centro del proceso: cómo puede la justicia examinar las garantías del acusado sin ignorar las actuaciones ilegales que el antiguo fiscal general reconoció durante su testimonio.
