El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó el jueves una declaración conjunta de 15 países y la Unión Europea que condenó la entrada de las autoridades israelíes en un complejo de la UNRWA y la toma de instalaciones de la agencia en el Este de Jerusalén.
Los firmantes, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, España y Japón, pidieron a Israel que detenga lo que describieron como interferencias en las operaciones de la UNRWA. También sostuvieron que las instalaciones de Naciones Unidas están protegidas por el derecho internacional y reclamaron que la agencia pueda continuar su trabajo sin obstáculos.
“Sus hechos son incorrectos. Apoyan a una organización que es un caldo de cultivo para el terrorismo y prefieren atacar a Israel con acusaciones infundadas en lugar de actuar en beneficio de los niños árabes en Kafr Akab. Esto es una vergüenza”, respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.
La cancillería afirmó además que más de 100 empleados de la UNRWA participaron en el ataque de Hamás del 7 de octubre, citando un informe de la Oficina del Inspector general de USAID al que también se refirió el presidente estadounidense Donald Trump el jueves.
“Los empleados de la UNRWA actuaron como operativos terroristas y las instalaciones de la UNRWA se usaron sistemáticamente con fines terroristas”, sostuvo el ministerio. Añadió que esa fue la razón para prohibir las operaciones de la agencia en Israel y aseguró que las medidas adoptadas se ajustaron a la legislación israelí y al derecho internacional.
Israel también sostiene que la UNRWA nunca tuvo derechos de propiedad sobre el recinto y que utilizaba el lugar de manera ilegal. El gobierno prevé convertir el complejo en una escuela y un centro comunitario para niños de Kafr Akab.
La disputa se produjo dos días después de que fuerzas policiales entraran en un complejo de formación de la UNRWA en Kafr Akab. El primer ministro Benjamin Netanyahu había anunciado previamente el inicio de su evacuación “de acuerdo con mi directiva y conforme a la ley que aprobamos”.
“El Estado de Israel no permitirá que una organización cuyos empleados estuvieron implicados en el terrorismo y la masacre del 7 de octubre opere en su territorio y actuará contra ella utilizando todas las herramientas disponibles”, declaró posteriormente Netanyahu.
La UNRWA señaló que el recinto albergaba refugiados y se utilizaba para talleres y clases. Tras la operación, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí informó que el Ayuntamiento de Jerusalén había comenzado trabajos para transformar el lugar en un centro educativo.
La Knéset había avanzado previamente una legislación destinada a poner fin a las actividades de la UNRWA en Israel. Las disposiciones impiden que la agencia mantenga una oficina de representación, preste servicios o desarrolle actividades dentro del territorio soberano israelí, y contemplan además la retirada de su estatus diplomático y la cancelación de visados diplomáticos para su personal.
