El Ejército israelí desistió de ejecutar la demolición inmediata de construcciones ilegales en el cruce de Yehuda, una medida que se había decidido tras el atentado en el que murieron dos militares. La suspensión ordenada por el Tribunal Supremo a raíz de un recurso de la familia Kawasmeh precedió a la comunicación militar del 25 de octubre, cuando las edificaciones permanecieron en pie.
La orden de derribo se había adoptado el viernes 23 de octubre, durante una visita al lugar del ataque del primer ministro, el ministro de Defensa y Bezalel Smotrich. En ese atentado a tiros murieron el sargento primero Ron Yonatan Roitman y el sargento Yuval Shay Swilem. La decisión de las autoridades políticas y de seguridad contemplaba retirar de inmediato todas las construcciones ilegales del área con el propósito de eliminar una amenaza para la seguridad.
La familia Kawasmeh acudió al Tribunal Supremo para impedir las demoliciones. Las juezas Yael Willner y Gila Canfy-Steinitz, junto con el juez Yechiel Kasher, dispusieron paralizar la actuación. Dos días después del atentado, el domingo 25 de octubre, las FDI comunicaron que no procederían con el derribo previsto.
La sucesión de decisiones plantea una cuestión sobre la ejecución de las medidas de seguridad aprobadas tras la muerte de los dos soldados: una resolución inicial de demolición inmediata acabó sin que se retiraran las estructuras. También queda planteada la pregunta de qué consideraciones llevaron al Ejército a abandonar esa actuación después de la intervención judicial.
El partido Sionismo Religioso defendió la instrucción de Smotrich. Afirmó que el ministro ordenó eliminar todas las edificaciones ilegales el mismo día del atentado, a partir de información de seguridad y en coordinación con el jefe del mando militar de la zona. La formación criticó la suspensión del Supremo por considerar que perjudica la seguridad y aseguró que Smotrich mantiene su decisión de promover los derribos y despejar el terreno para impedir nuevos ataques.
Por su parte, el portavoz de las FDI sostuvo que el Ejército y la Administración Civil iniciaron poco después del enfrentamiento operaciones contra edificaciones ilegales y trabajos de ingeniería destinados a reforzar la seguridad. También afirmó que el viernes fueron demolidas las viviendas de los terroristas en un plazo sin precedentes, el más breve hasta la fecha. Esa actuación sobre las viviendas de los atacantes es distinta de la demolición de las restantes construcciones ilegales del cruce.
El Ejército añadió que las medidas de ejecución en la zona continúan de acuerdo con la legislación y las prioridades operativas. Su respuesta contrasta con el desistimiento de la demolición inmediata que se había dispuesto tras el atentado y mantiene abierta la controversia sobre el futuro de esas estructuras.
