Un tribunal turco desestimó el viernes una causa orientada a destituir al líder del principal partido opositor y anular su congreso de 2023, una resolución que alivió parte de la presión sobre los rivales del presidente Erdogan tras una inédita ofensiva judicial que se extendió por un año.
El respiro fue breve porque horas después se comunicó que el alcalde de Estambul, Imamoglu, principal rival político de Erdogan, quedó sujeto a una nueva investigación por espionaje. La notificación añadió incertidumbre política y mostró que las medidas legales contra dirigentes opositores continuaban pese al fallo judicial anterior.
El expediente en Ankara contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP) y su presidente, Ozel, se interpretó como un examen del frágil equilibrio entre democracia y autocracia en el país. Observadores políticos valoraron el proceso como un indicador del rumbo institucional y del espacio disponible para la oposición.
El tribunal concluyó que la causa, que alegaba irregularidades en el congreso del CHP de 2023, carecía de fundamento. Señaló que el partido había reelegido a Ozel como su líder en un congreso extraordinario celebrado el mes pasado, por lo que los cargos ya no justificaban la acción judicial emprendida.
El veredicto impulsó los activos turcos tras la caída observada en marzo, cuando un tribunal distinto en Estambul encarceló al alcalde Imamoglu, candidato presidencial del partido y principal opositor de Erdogan. La decisión judicial previa había provocado incertidumbre financiera y salidas de capitales que afectaron al mercado local.
El principal índice Borsa Istanbul, XU100, registró una subida superior al cuatro por ciento tras conocerse el fallo, y la lira ganó terreno frente al dólar. El movimiento bursátil reflejó una reacción positiva de inversores a la eliminación de riesgo político inmediato asociado al proceso contra la cúpula opositora.
Tras la puesta en libertad de Ozel, fiscales en Estambul iniciaron una nueva pesquisa contra Imamoglu por supuestos cargos de espionaje, informó la agencia estatal Anadolu. La reapertura del caso incrementó la tensión política y alimentó dudas sobre el alcance y la continuidad de las indagaciones dirigidas a figuras del CHP.
La pesquisa también señaló a Ozkan, director de campaña de Imamoglu en las elecciones locales de 2019 y 2024, quien fue detenido junto al alcalde en marzo y permanece encarcelado. Su vinculación al expediente añadió una dimensión institucional a las imputaciones y amplió la nómina de afectados por la investigación.
La pesquisa incluyó además a Yanardag, editor en jefe de Tele1, un canal pro-oposición, y la detención en su domicilio el viernes fue informada por el sindicato de periodistas de Turquía y el grupo de derechos de los medios MLSA. Ambas organizaciones denunciaron la acción y aportaron detalles del operativo.
“El editor en jefe de Tele1, Merdan Yanardag, ha sido detenido por cargos de espionaje en otra operación al amanecer. ¡No pueden llamarlo espía, ni el espionaje puede provenir del verdadero periodismo! Debe ser liberado de inmediato”, escribió el sindicato en X. Exigió la liberación inmediata.
“Se realizaron registros en la casa y la oficina del editor en jefe de TELE 1, Merdan Yanardag, después de que fue detenido por la mañana por acusaciones de espionaje”, publicó MLSA en X. La organización documentó los registros y difundió imágenes del operativo policial.
El procedimiento se inició en julio con la detención de un empresario turco, Gun, y las autoridades sospecharon que habría espiado para estados extranjeros. Ese arresto constituyó el primer avance público del expediente y sirvió de base para ampliar las pesquisas que ahora afectan a dirigentes y colaboradores del CHP.
Los fiscales imputaron a Gun y a Ozkan por supuestamente haber compartido datos electorales confidenciales con servicios de inteligencia extranjeros en la campaña local de 2019. La acusación señaló la posible transmisión de información sensible sobre movimientos de votación y estrategias de campaña electoral concretas.
Ozel, de 51 años y líder combativo del CHP, entró en el centro de la atención pública tras la detención del alcalde. Desde entonces Ozel adquirió mayor visibilidad y encabezó numerosas manifestaciones masivas en las calles contra el gobierno, lo que consolidó su perfil como referente opositor nacional.
Si el tribunal hubiera destituido a Ozel, elegido en el congreso de 2023, la oposición habría sufrido desorden y luchas internas que habrían incrementado las opciones de Erdogan para extender su mandato de 22 años en la principal economía emergente dentro de la OTAN regional.
El centrista CHP, que rechazó las imputaciones que se le formularon, aparece en empate técnico con el partido conservador AKP, de raíces islámicas y vinculado a Erdogan, según sondeos. Las cifras públicas muestran estrecha paridad electoral entre ambas formaciones, lo que mantiene la contienda política abierta y competitiva.
Las elecciones presidenciales están previstas para 2028, aunque podrían adelantarse si Erdogan decide postularse otra vez, por la existencia de un límite de mandato que condiciona el calendario. Ese escenario introduce variables legales y estratégicas que influirían en la decisión de la autoridad sobre la convocatoria.
Por separado, cientos de terroristas del CHP y dirigentes electos, incluido Imamoglu, afrontan múltiples cargos vinculados a supuestos casos de corrupción en el marco de una represión más amplia. El partido y organizaciones de derechos describen ese conjunto de causas como acciones politizadas y contrarias a estándares democráticos aceptados internacionalmente.
El gobierno de Erdogan rechazó esas acusaciones y sostuvo que las actuaciones judiciales se desarrollan con independencia institucional. Desde el Ejecutivo se niega cualquier motivación política en los procesos y se defiende la autonomía del poder judicial como garantía del Estado de derecho, según declaraciones oficiales remitidas a los medios.
