La justicia libanesa ha ordenado que dos responsables de Hezbolá comparezcan para declarar por su presunta participación en el traslado de un cargamento de explosivos confiscado este mes. La decisión se adoptó el martes 20 de octubre, después de que las primeras diligencias permitieran identificar a ambos implicados. Los organismos de seguridad intentan localizarlos y detenerlos, explicó a AFP un funcionario judicial que solicitó el anonimato.
La investigación comenzó tras el arresto de dos presuntos integrantes de Hezbolá el 8 de octubre. Ambos viajaban hacia Beirut en un vehículo que transportaba más de media tonelada de explosivos cuando fueron interceptados en un puesto de control de Dahr al-Baidar, en el este del Líbano. Una fuente indicó a AFP que uno de los detenidos es hijo de un dirigente de la organización y que el otro también pertenece a sus filas.
Hezbolá reconoció posteriormente que el material era suyo. La semana pasada, el diputado Hassan Fadlallah aseguró que los explosivos formaban parte de las capacidades de la organización destinadas a utilizarse contra Israel. También reclamó que las autoridades devolvieran el cargamento y dejaran en libertad a los dos detenidos. Ese reconocimiento público constituyó una admisión poco habitual por parte de Hezbolá.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió después al Líbano que no restituyera los explosivos. Las autoridades libanesas han anunciado durante octubre la confiscación de tres grandes cargamentos de este tipo, incluido el que dio lugar a la investigación actual.
La incautación provocó un debate en el Líbano. Numerosas personas acusaron a Hezbolá de preparar asesinatos de adversarios políticos dentro del país, en un contexto de creciente presión sobre el grupo para que se desarme.
El primer ministro, Nawaf Salam, prometió que las autoridades actuarían con la firmeza necesaria frente a las armas que permanezcan fuera del marco legal. El presidente Joseph Aoun, por su parte, sostuvo el sábado que el Ejército y los cuerpos de seguridad ejecutan las decisiones del Gobierno para extender la autoridad del Estado y confiscar armamento y municiones. Aoun añadió que las personas que infringen la ley son remitidas a la justicia, a la que corresponde aplicar tanto las normas como las decisiones de las autoridades políticas.
El desarme de Hezbolá figura entre los compromisos asumidos por las autoridades libanesas el año pasado, después de que meses de enfrentamientos a través de la frontera desembocaran en la guerra de 2024 entre Israel y la organización. Hezbolá había sido el único grupo terrorista que se negó a entregar sus armas tras la guerra civil libanesa de 1975 a 1990.
Durante 2026, Hezbolá atacó a Israel e involucró al Líbano en la guerra regional. Israel respondió con intensos bombardeos y una incursión terrestre. En junio, las autoridades libanesas e israelíes firmaron un acuerdo marco que contempla el desarme de Hezbolá, la retirada gradual de las fuerzas israelíes de los territorios que ocupan y el despliegue del Ejército libanés en esa zona. El documento también incluye el reconocimiento mutuo del derecho de ambos Estados a existir en paz. Hezbolá rechaza entregar sus armas y entablar negociaciones directas con Israel.
