La Junta de Gobernadores del organismo nuclear de la ONU, integrada por 35 países, aprobó el jueves una resolución que exige a Irán informar “sin demora” sobre el estado de sus reservas de uranio enriquecido y sobre los sitios atómicos de su territorio que fueron objeto de bombardeos.
Con esta resolución se buscó actualizar el mandato del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), responsable de supervisar y reportar los aspectos técnicos y de seguridad del programa nuclear iraní, así como de evaluar su grado de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Teherán.
Además, el texto estableció que la República Islámica debe responder de manera inmediata a las solicitudes del OIEA y concederle acceso total. Esta exigencia se formuló cinco meses después de los bombardeos israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, ataques que tuvieron lugar durante los doce días de enfrentamiento en junio entre ambos países y que afectaron de forma directa la capacidad de supervisión de la agencia.
A partir de aquellos hechos, las fricciones entre Irán y el OIEA se incrementaron de forma constante y alcanzaron un nuevo punto crítico tras la guerra. En los meses posteriores, los inspectores de la agencia no lograron acceder a sitios sensibles como Fordo y Natanz, dañados durante los ataques, aunque sí pudieron entrar en otras instalaciones que permanecieron operativas.
En este contexto, la resolución “insta a Irán a cumplir plena y sin demora con sus obligaciones legales bajo (..) resoluciones del CSNU y a extender la cooperación plena y rápida al OIEA, incluyendo la provisión de la información y del acceso que la Agencia solicite”, según el texto adoptado por el organismo.
Antes de la votación, Irán advirtió que la eventual aprobación de la resolución “afectaría negativamente” su cooperación con la agencia, con lo cual trató de presionar políticamente a los miembros de la Junta de Gobernadores. Después de la adopción del documento, Teherán declaró que la medida “no será útil” y “es contraproducente”, al considerar que entorpece los canales de diálogo que, según sus autoridades, permanecen abiertos.
El documento fue aprobado con 19 votos favorables, tres en contra y 12 abstenciones. Rusia, China y Níger se pronunciaron en oposición, mientras que el bloque occidental respaldó la propuesta impulsada por Estados Unidos y las principales potencias europeas, lo que evidenció una clara división geopolítica en el seno de la junta.
Posteriormente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron: “Nuestro mensaje es claro: Irán debe resolver sus cuestiones de salvaguardas sin demora. Debe proporcionar cooperación práctica mediante el acceso, las respuestas y la restauración de la supervisión, para que la agencia pueda hacer su trabajo y ayudar a reconstruir la confianza”. De este modo, las potencias occidentales vincularon de manera explícita la cooperación técnica de Irán con la reconstrucción de la credibilidad del régimen ante la comunidad internacional.
El OIEA, por su parte, considera que el control del inventario de uranio enriquecido de Irán, parte del cual se aproxima al nivel armamentístico, resulta “muy necesario” y que el tema requiere atención inmediata por las implicaciones que tiene en la seguridad global y regional. Según la agencia, la falta de información actualizada y de acceso pleno impide evaluar con precisión el riesgo de proliferación.
El organismo internacional señaló que no podrá inspeccionar los sitios dañados ni verificar las reservas hasta recibir de Teherán un informe detallado. Los ataques alcanzaron tres plantas de enriquecimiento que se encontraban en operación en el momento de los bombardeos, lo que interrumpió la supervisión directa y generó un vacío de información que la resolución busca ahora subsanar.
Después del primer ataque israelí del 13 de junio, el OIEA calculó que Irán poseía 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60 % de pureza, un nivel próximo al 90 % requerido para uso militar, en una forma susceptible de ser potenciada aún más con relativa facilidad.
Esa cantidad equivale, si se eleva su pureza, al material necesario para fabricar unas diez bombas nucleares, conforme a los parámetros técnicos de evaluación empleados por el propio OIEA en sus informes de control y salvaguardas. Esta estimación refuerza la preocupación expresada por la junta y sirve de base para la urgencia reflejada en la resolución.
Teherán ha sostenido reiteradamente que no persigue fabricar armas nucleares. Sin embargo, ha enriquecido uranio a niveles sin utilidad civil, bloqueó el acceso a inspectores internacionales y amplió su programa de misiles balísticos. Israel afirmó que Irán ha dado pasos hacia la militarización de su tecnología, lo que alimentó las sospechas sobre la naturaleza real del programa nuclear iraní.
Israel justificó su ofensiva con el argumento de que los ataques contra altos mandos iraníes, científicos nucleares, instalaciones de enriquecimiento y el programa de misiles resultaban indispensables para impedir que la República Islámica cumpliera su amenaza de destruir el Estado judío. Así, presentó sus acciones militares como una medida preventiva frente a un riesgo existencial.
En septiembre, el OIEA e Irán anunciaron un acuerdo con el objetivo de reanudar inspecciones y verificaciones completas. No obstante, Teherán declaró posteriormente que dicho entendimiento había quedado sin efecto y carecía de validez operativa, lo que volvió a dejar en suspenso la cooperación estructurada con la agencia.
Tras la aprobación de la resolución por parte de la junta del organismo con sede en Viena, el embajador iraní Reza Najafi manifestó: “Esta resolución no aportará nada a la situación actual, no será útil, es contraproducente”. Con estas declaraciones, el representante iraní reiteró la tesis de que la presión política obstaculiza el diálogo técnico.
Najafi añadió durante su intervención: “Irán ya ha comenzado a cooperar con la agencia a pesar de nuestros desafíos y ha proporcionado acceso a todas las instalaciones intactas. Esta resolución sin duda tendrá un impacto negativo en la cooperación que ya ha comenzado entre Irán y la agencia”. De este modo, atribuyó por anticipado a la resolución la responsabilidad de un posible retroceso en la colaboración.
Mientras tanto, el OIEA aseguró que ha logrado inspeccionar la mayoría de los centros nucleares iraníes no alcanzados por los bombardeos, aunque mantiene restricciones para acceder a las zonas destruidas durante los ataques. La agencia considera que la falta de acceso a esos puntos críticos limita la integridad de su verificación.
En la misma línea, el director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró al iniciar la sesión ordinaria del organismo en Viena: “Hemos realizado varias inspecciones, pero no hemos podido acudir a los lugares de ataque. Espero que podamos. De hecho, tenemos que ir porque esto forma parte de los compromisos de Irán”. Con estas palabras, Grossi vinculó de manera directa la obligación de acceso a los sitios bombardeados con los compromisos legales asumidos por Teherán y subrayó que la resolución busca precisamente garantizar que esos compromisos se cumplan en la práctica.
