La Asamblea general de la ONU votó para pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un dictamen sobre la responsabilidad de Israel de garantizar la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos por parte de estados y organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, en el contexto de su guerra contra Hamás en Gaza.
La resolución impulsada por Noruega recibió 137 votos a favor entre los 193 miembros. Israel, Estados Unidos y otros 10 países rechazaron la medida, mientras que 22 naciones optaron por abstenerse.
Esta acción responde en parte a la decisión israelí de prohibir las operaciones de la agencia de la ONU para refugiados palestinos, argumentando que algunos empleados estaban vinculados a actividades terroristas dirigidas contra ciudadanos israelíes.
Aunque una ley aprobada en noviembre no impide directamente las operaciones de la UNRWA en Judea y Samaria y Gaza, limita considerablemente su capacidad de trabajo. Altos funcionarios de la ONU describen a la UNRWA como clave para la asistencia en Gaza.
La CIJ, principal órgano judicial de la ONU, emite opiniones consultivas con peso político y jurídico, aunque sin carácter vinculante. No tiene autoridad para imponer el cumplimiento de sus resoluciones.
En otro frente, Israel enfrenta una acusación de genocidio ante la CIJ, presentada por Sudáfrica tras la guerra en Gaza. Israel niega esta acusación, destacando las medidas tomadas para evitar víctimas civiles desde el ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes.
La resolución de la ONU expresó preocupación por la crisis humanitaria en los territorios palestinos ocupados y exhortó a Israel a respetar los derechos de autodeterminación palestinos.
Además de Israel y Estados Unidos, países como Argentina, Hungría y Paraguay votaron en contra. Desde el inicio de la guerra, organismos humanitarios han advertido sobre la gravedad de la situación en Gaza.
Israel asegura que facilita el ingreso de ayuda humanitaria, aunque señala que grupos armados, respaldados por Hamás, saquean frecuentemente los camiones de asistencia. También acusa a organizaciones internacionales de fallar en la distribución de la ayuda.
Por su parte, la ONU y ONG denuncian restricciones israelíes, falta de combustible y condiciones caóticas en Gaza que complican la entrega. También alertan sobre la insuficiencia de los suministros enviados.
En una carta al Consejo de Seguridad, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, planteó alternativas para reemplazar a la UNRWA con programas más eficaces. Aseguró que Israel colabora con socios internacionales para garantizar la asistencia humanitaria sin comprometer su seguridad.
Israel trabaja en un plan para entregar ayuda en Gaza mediante un contratista privado estadounidense, bajo la protección de las FDI. Esta medida busca limitar el control de Hamás sobre los suministros.
El gobierno israelí también ha reducido el envío de camiones de empresas privadas, citando mayores riesgos de saqueos por parte de Hamás en comparación con los de ONG.
La relación entre Israel y la UNRWA se ha tensado desde hace años, con críticas hacia el rol de la agencia en perpetuar la crisis de refugiados. La situación se agravó tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, cuando se vinculó a empleados de la UNRWA con estas acciones.
Informes recientes revelaron la participación de empleados de la UNRWA en actividades de Hamás, mientras que en febrero las FDI identificaron un centro de datos de Hamás bajo una instalación de la agencia en Gaza.
