Los familiares de Mohammad el Shami se enteraron de su muerte más de un mes después de que ocurriera. Tampoco recibieron una explicación sobre las causas ni las circunstancias del muerte. El Shami, ciudadano yemení que trabajaba para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, había sido detenido de forma arbitraria por los hutíes el 6 de junio de 2024 y permaneció bajo su custodia hasta morir.
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reclamó una investigación pronta, exhaustiva e independiente. También exigió la liberación inmediata e incondicional de los demás empleados de la ONU retenidos por los hutíes, entre ellos siete compañeros de su oficina. Su petición abarca igualmente a los trabajadores humanitarios y a los miembros de la sociedad civil que continúan detenidos.
El primer ministro de Yemen condenó la muerte de El Shami, atribuyó a los hutíes la responsabilidad íntegra de lo ocurrido y pidió que se exigieran responsabilidades a los implicados. El jefe del Gobierno yemení afirmó que más de 70 empleados de las Naciones Unidas y decenas de trabajadores humanitarios permanecen privados de libertad.
Los hutíes no ofrecieron una respuesta inmediata sobre el muerte. El grupo, que cuenta con respaldo iraní, había acusado a las personas detenidas de pertenecer a una red de espionaje que trabajaba para Estados Unidos e Israel. También sostuvo que organizaciones humanitarias utilizaban sus actividades de asistencia como cobertura para operaciones de inteligencia, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas acusaciones.
Yemen permanece dividido entre las zonas bajo control hutí, que incluyen Saná y buena parte del norte y noroeste, y los territorios dominados por fuerzas afines al Gobierno, principalmente en el sur y el este. Los hutíes tomaron la capital en 2014 y, en 2015, una coalición militar encabezada por Arabia Saudita intervino en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Desde entonces, la guerra mantiene al país dividido.
