Mientras el Estado de Israel libraba una de las guerras más duras de su historia, bajo la superficie seguía operando una red económica clandestina cuya única función era inyectar dinero a la organización terrorista Hamás y alimentar la continuación de los combates.
Una sentencia dictada recientemente por el Tribunal Regional Central revela el mecanismo de actuación: elementos vinculados a Hamás que operaban desde Turquía pusieron en marcha una red de acusados, a través de los cuales se transfirieron millones de shekels a contactos en Judea y Samaria. En el centro de la red se encontraba Fadi Arabi, cuyo hermano está vinculado a elementos de Hamás en Turquía, y junto a él operaban otros implicados.
Uno de ellos es Adham Dolani, a quien se le impusieron cinco años de prisión efectiva y una multa de 270 000 shekels. Según la acusación modificada, Dolani fue reclutado para la misión por su amigo Muhammad Al-Hatzitz y, junto con otros, realizó siete transferencias de fondos por un importe total de unos 2,239 millones de shekels, fondos que, según la acusación, estaban destinados a “ayudar, promover o recompensar la comisión de graves delitos de terrorismo”.
Además, se desprende que, además de los delitos de financiación del terrorismo, Dolani intentó borrar sus huellas: borró la correspondencia con sus cómplices y con el contacto turco, siguiendo las instrucciones que recibió.
En sus alegaciones sobre la pena, la Fiscalía destacó que se trata de delitos graves cometidos a sabiendas de que los fondos estaban destinados a grupos terroristas, y solicitó que se le impusiera una multa considerable y disuasoria. Según ellos, la gran cantidad de transferencias que realizó indica una gravedad especial en comparación con otros acusados en el caso. No obstante, señalaron que el acusado cooperó, se declaró culpable desde el principio y ahorró tiempo judicial.
La defensa, por su parte, solicitó que se tuviera en cuenta la difícil situación económica de Dolani y su familia, que subsiste gracias a prestaciones y ayudas para la vivienda. También se alegó que sus antecedentes penales incluyen únicamente delitos contra el patrimonio y no son graves, y que asumió plena responsabilidad por sus actos. El propio Dolani expresó su arrepentimiento y afirmó que, en un principio, no era consciente del trasfondo de seguridad de los hechos y actuó por dificultades económicas.
El juez Michael Karshen aceptó el acuerdo de culpabilidad, que calificó de “adecuado y equilibrado”, sopesando la gravedad de la ayuda prestada a Hamás en tiempo de guerra frente a su pronta confesión y la ausencia de antecedentes de seguridad. “El acusado, que aunque no era el jefe de la red ni uno de los impulsores de las transferencias de fondos, realizó siete transferencias a la organización terrorista Hamás tras el ataque del 7 de octubre”, escribió.
En definitiva, Dolani fue condenado a cinco años de prisión efectiva y a una multa de 270 000 shekels, un caso que pone de manifiesto una vez más la profundidad de las infraestructuras económicas que siguen operando lejos del campo de batalla.