La Autoridad Palestina invitó formalmente a la administración Trump a verificar que la reforma de su polémico programa de asistencia social está en proceso de implementación, confirmaron funcionarios de ambos gobiernos a The Times of Israel. El principal asesor de Mahmoud Abás, Hussein al-Sheikh, envió el miércoles una carta al secretario de Estado, Marco Rubio solicitando dicha certificación.
En la misiva se menciona el decreto firmado por Abás en febrero, que anula la normativa anterior que vinculaba los pagos a terroristas palestinos presos con la duración de sus condenas. A partir de ahora, los estipendios se basarán exclusivamente en la situación financiera de los beneficiarios, aseguró el documento.
Sheikh afirmó que la Autoridad Palestina está dispuesta a recibir una delegación estadounidense que confirme la aplicación del nuevo sistema a partir del 1 de junio. Aunque habrán pasado casi cuatro meses desde la firma del decreto, las autoridades argumentan que se requiere tiempo para procesar nuevas solicitudes bajo criterios más estrictos.
El funcionario palestino subrayó que no se extendería esta invitación sin plena confianza en que Estados Unidos validará la reforma. Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Estado evitó comentar sobre comunicaciones diplomáticas, aunque reiteró su exigencia de acciones concretas contra el sistema de subsidios que, según Washington, apoya el terrorismo.
El cambio legislativo busca cumplir con la Ley Taylor Force, aprobada por el Congreso estadounidense en 2018, que suspende la ayuda económica directa a la Autoridad Palestina mientras persistan estos pagos. Para levantar esa restricción, el secretario de Estado debe certificar que se han cumplido cuatro condiciones específicas, entre ellas la revocación de los pagos según la duración de las penas, su cese efectivo, esfuerzos contra el terrorismo y una condena pública del mismo.
La delegación estadounidense evaluará el cumplimiento del segundo punto en junio. En cuanto a las otras dos condiciones, el funcionario palestino citó la colaboración de seguridad con Israel y las recientes declaraciones de Ramala contra Hamás.
Una carta oficial de Rubio sería necesaria para completar la certificación exigida por la ley, que debe renovarse cada 180 días. Hasta entonces, los pagos a terroristas y sus familias siguen siendo objeto de controversia internacional.
Críticos del sistema lo consideran un incentivo al terrorismo y un ejemplo de la corrupción en la Autoridad Palestina. Sin embargo, sus líderes han defendido estos pagos como una forma de asistencia social frente a lo que califican como un sistema judicial israelí opresivo.
Aunque el Departamento de Estado inicialmente celebró el decreto de febrero como una victoria diplomática, ha endurecido su postura en las últimas semanas. Dos fuentes palestinas indicaron que los pagos realizados tras el decreto corresponden a meses anteriores, debido a retrasos financieros provocados por la retención israelí de ingresos fiscales.
El funcionario palestino reconoció que pasarán uno o dos meses adicionales antes de que el nuevo sistema entre en funcionamiento, pero aseguró que la intención de mantener el decreto sigue firme.
