El Likud acusó el martes por la noche a la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, de intentar encubrir una posible injerencia extranjera en las elecciones a la 26.ª Knéset e impedir que se esclarezca. El partido calificó de “terremoto para la democracia israelí” las acusaciones que se conocieron esa noche sobre el papel de la fiscal en el caso denominado “terror en las urnas”.
La disputa gira en parte en torno a quién puede interrogar el Shin Bet. Horas antes, el Likud había pedido a Baharav-Miara que levantara las restricciones para que los investigadores pudieran interrogar a diputados de los partidos árabes y a sus asistentes. La fiscal rechazó ese mismo día que hubiera retrasado la investigación. Afirmó que ya se habían autorizado diligencias importantes a petición del Shin Bet y que se interrogaría a todas las personas que fuera necesario.
En su pronunciamiento de la noche, el Likud se hizo eco de la acusación de que la fiscal impedía interrogar a Ahmad Tibi, Mansur Abás, Sami Abu Shehadeh y un cuarto diputado, cuyos nombres habían surgido en relación con las sospechas. Otra de las acusaciones sostiene que Baharav-Miara prohibió al Shin Bet emplear métodos de investigación previstos para delitos de seguridad y que pidió ocultar al público que el caso se investigaba como un delito de ese tipo.
Las críticas del partido siguieron a las versiones sobre una reunión entre el director del Shin Bet, David Zini, y el juez Noam Sohlberg, presidente de la Comisión Electoral Central. En ese encuentro, Zini habría acusado a la fiscal de obstaculizar las pesquisas e impedir que se ampliaran. Personas conocedoras del caso advirtieron que, con esas restricciones, los investigadores podrían no llegar a determinar el alcance de la presunta injerencia extranjera. El Likud sostuvo que la actuación de Baharav-Miara era un ejemplo de aplicación selectiva de la ley.
