El Likud publicó este miércoles un duro comunicado en el que acusa a los partidos árabes de haber “robado” las elecciones en Israel. Según la formación, el presunto fraude se cometió mediante graves delitos que incluyen sobornos, amenazas, actos de violencia, falsificaciones y el uso de programas informáticos prohibidos para movilizar a los votantes.
El Likud aseguró que entregó a la Policía, al Shin Bet y al Comité Electoral Central cientos de testimonios y pruebas que respaldan sus acusaciones. Entre las pruebas presentadas, según el partido, figuran miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas electorales de Raam, grabaciones de amenazas y agresiones contra integrantes de las mesas electorales, así como graves irregularidades, entre ellas la presencia de varios votantes detrás de una misma cortina de votación y casos de sufragio con doble identidad.
Ante estos hallazgos, el partido exige que la Policía y el Shin Bet abran una investigación exhaustiva sobre lo que denomina el “robo de las elecciones”. También reclama al Comité Electoral Central que investigue de inmediato los presuntos delitos, que, según el Likud, perjudicaron gravemente la integridad del proceso electoral y alteraron sus resultados.
El Likud concluyó su comunicado con una advertencia sobre el “grave atentado contra la democracia israelí y el derecho al voto de los ciudadanos de Israel”. La formación exigió a las autoridades actuar de inmediato y con firmeza para llevar ante la justicia a los responsables.
Por su parte, el equipo encargado de supervisar la integridad electoral del Comité Electoral Central informó este miércoles que recibió aproximadamente 10.000 denuncias sobre posibles irregularidades durante las elecciones a la 26.ª Knéset. Según el organismo, sus representantes estuvieron presentes en todos los centros de votación del país, desde la apertura hasta el cierre de las urnas, y todos los incidentes denunciados quedaron cerrados después de su correspondiente atención.
La irregularidad más frecuente fue la toma de fotografías dentro de los recintos de votación, que representó aproximadamente el 22 % de las denuncias. Le siguieron las sospechas de obstrucción del sufragio, con un 13 %. Otras 1.000 denuncias, equivalentes a cerca del 10 % del total, estuvieron relacionadas con la destrucción o el deterioro de papeletas electorales.
Ante las sospechas de fraude, varios ministros y diputados enviaron este miércoles una carta al presidente del Comité Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, y al director del Shin Bet, David Zini, para exigir una investigación urgente contra Raam por presunto soborno electoral.
La petición se produjo después de la detención de tres residentes del Néguev vinculados a las actividades del partido. Según las sospechas de los investigadores, los detenidos tenían en su poder sobres que contenían decenas de miles de shéqueles en efectivo.
Paralelamente, el Comité Electoral Central publicó instrucciones sobre el tratamiento de las papeletas que presentan algún defecto. Según estas directrices, debe darse prioridad al cómputo del voto siempre que sea posible identificar con claridad la lista electoral a la que estaba destinado.
Amít Asa, exalto cargo del Shin Bet, advirtió ya el martes que la afluencia excepcional de votantes a los centros electorales podía dificultar la supervisión y facilitar irregularidades. Según explicó, los supervisores y observadores electorales presentaron aproximadamente 700 denuncias que fueron remitidas al Comité Electoral Central.
Asa también expresó su preocupación por la posibilidad de que algunas personas votaran varias veces mediante el uso de documentos de identidad ajenos. Según describió, existe un procedimiento por el cual algunas electoras acuden a votar, regresan a sus domicilios para recoger otros documentos de identidad y vuelven a hacer fila para emitir un segundo voto.
El exfuncionario advirtió que la elevada afluencia de votantes y la presión sobre los integrantes de las mesas electorales pueden dar lugar a irregularidades. Añadió que los casos excepcionales requieren la intervención de las comisiones electorales regionales.
Asa explicó que, aunque los centros de votación cuentan con observadores y supervisores, los elevados índices de participación dificultan en ocasiones su trabajo. Por este motivo, pidió que las autoridades examinen seriamente los informes recibidos desde los centros electorales y atiendan las denuncias.
Sus declaraciones se suman ahora a la exigencia del Likud de investigar las sospechas de delitos cometidos durante la votación y remitir los resultados de las investigaciones a las autoridades competentes.
El bloque de derecha obtiene 53 escaños y necesita otros ocho para alcanzar la mayoría.
