La congresista demócrata Ilhan Omar, representante de Minnesota, podría perder su ciudadanía estadounidense e incluso enfrentar cargos penales si las autoridades federales consiguen demostrar que cometió fraude durante su proceso migratorio. El exjuez de inmigración Nathan Hansen explicó que esta posibilidad dependería de las pruebas reunidas y de las medidas que decida adoptar el Departamento de Justicia.
Omar enfrenta dos investigaciones federales relacionadas con asuntos diferentes. La primera examina presuntas irregularidades en los documentos utilizados para obtener su residencia y ciudadanía estadounidense. La segunda se concentra en sus declaraciones patrimoniales, después de que se detectara un aumento considerable en las cifras de patrimonio que había comunicado. Ninguna de las acusaciones ha sido demostrada.
La eventual pérdida de ciudadanía exigiría un procedimiento judicial independiente. Hansen precisó que una condena penal no bastaría para revocar automáticamente la naturalización de Omar. El Departamento de Justicia tendría que iniciar una demanda civil y demostrar que existen fundamentos legales para privarla de su condición de ciudadana estadounidense.
“Si existiera algún tipo de relación entre una condena penal y la ciudadanía de una persona, aumentaría la posibilidad de que el Departamento de Justicia iniciara un procedimiento para revocar su naturalización”, explicó el exjuez. La decisión de emprender ese proceso correspondería a las autoridades federales.
La investigación migratoria habría incluido un registro de la residencia de Omar en Washington el pasado 12 de octubre. Según la información atribuida a Fox, agentes federales ingresaron en el inmueble y confiscaron el teléfono móvil, el pasaporte y una computadora de la congresista. También habrían obtenido una muestra de su ADN.
Las pesquisas se concentran en posibles irregularidades en la información presentada durante los trámites migratorios y de ciudadanía de Omar o de su padre, ya muerto. Hasta ahora, las autoridades federales no han presentado públicamente pruebas que demuestren que la legisladora cometió fraude.
Omar ha rechazado anteriormente las acusaciones y sostiene que las investigaciones constituyen una forma de intimidación política.
Otro aspecto que podría influir en un eventual proceso penal es el tiempo transcurrido desde los hechos investigados. Hansen considera que el ocultamiento de un fraude puede modificar la aplicación de los plazos de prescripción, aunque su efecto jurídico dependería de las disposiciones legales correspondientes y de las circunstancias particulares del caso.
“Mi opinión es que el fraude detiene cualquier plazo de prescripción”, afirmó. Su argumento es que una persona que oculta deliberadamente una irregularidad no debería beneficiarse de la expiración de los plazos legales mientras los hechos permanecen desconocidos.
Hansen también se refirió a la acumulación de expedientes pendientes en los tribunales de inmigración de Minnesota. Calculó que entre 20.000 y 30.000 casos permanecen sin fecha asignada para sus respectivas audiencias judiciales, una situación que atribuye al elevado número de procedimientos de expulsión y solicitudes de asilo.
El exjuez cuestionó particularmente las solicitudes de asilo que, a su juicio, carecen de fundamentos suficientes. Durante su trayectoria judicial examinó expedientes con declaraciones y documentos cuya autenticidad consideró dudosa. Algunos de esos casos, aseguró, presentaban indicios de fraude, una circunstancia que, en su opinión, contribuye a agravar las dificultades del sistema migratorio estadounidense.
