La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, busca frenar la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. En una carta enviada el domingo por la noche, argumentó que Netanyahu no puede cesarlo sin una investigación exhaustiva sobre la base legal y fáctica de su decisión.
Según Baharav-Miara, la destitución presenta preocupaciones de ilegalidad y conflictos de interés, además de ser un caso sin precedentes. “El cargo de jefe del Shin Bet no es una posición de confianza personal del primer ministro”, destacó.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, criticó la postura de la fiscal y sugirió que ella misma actúa bajo un conflicto de intereses. “Dado que también enfrenta un proceso de destitución, debería recordar que la guerra de intereses aplica a todos. Es momento de acabar con el dominio del Estado profundo y acelerar su remoción”, declaró.
Una fuente diplomática, por su parte, acusó a Bar de actuar fuera de su autoridad. “Parece que el jefe saliente del Shin Bet no entiende a quién responde. La desconfianza del primer ministro no es un tema personal, sino una cuestión pública. Al aferrarse a su puesto, está dañando la seguridad nacional”, señaló.
Además, la fuente criticó la gestión de Bar en la noche del 7 de octubre, afirmando que “decidió a quién no despertar y a quién no convocar”. Según los registros, el 1 de octubre Bar declaró que Hamás estaba disuadido y que se le debían otorgar beneficios económicos para mantener la calma, una postura que reiteró tres días antes del ataque.
Bar, en respuesta a su destitución, aseguró que no abandonará el cargo. “El 7 de octubre asumí la responsabilidad por el papel del Shin Bet y estoy comprometido con mi mandato hasta su finalización. Mi despido no tiene relación con ese día, sino con la supuesta falta de confianza mencionada por el primer ministro”, sostuvo.
Defendió la investigación llevada a cabo por la agencia, la cual expuso fallos de inteligencia y negligencia en la política de seguridad del gobierno. “Es fundamental investigar no solo a las FDI y al Shin Bet, sino también las decisiones del gobierno y del primer ministro”, destacó.
Afirmó que su deber es garantizar la seguridad nacional y que su renuncia pondría en riesgo al país en un momento crítico, con un posible recrudecimiento de la guerra en Gaza. “Mi responsabilidad pública exige que continúe en el cargo, especialmente ante la escalada de tensiones”, concluyó.
