Las finanzas de la organización terrorista islámica Hezbolá han sido congeladas por un año más por la justicia federal argentina el lunes.
Según un informe del diario La Nación, el tribunal “congeló los fondos para Hezbolá; su organización de seguridad externa, la Jihad Islámica; su jefe, Hasan Nasrallah; Salman El Reda, quien enfrenta una orden de arresto por el ataque a la AMIA; y el clan Barakat, la familia de comerciantes con base en la Triple Frontera, quienes están acusados de lavado de dinero y financiación terrorista”.
En 1994, una operación conjunta entre Irán y Hezbolá voló el centro comunitario judío de la AMIA en Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas e hiriendo a cientos de argentinos más.
“El juez que extendió la designación de Hezbolá debe ser elogiado porque las actividades financieras ilícitas de Hezbolá continúan en el país y en la zona de la Triple Frontera. La clave ahora será asegurar una aplicación agresiva para que estas actividades sean detenidas y las arcas de Hezbolá que financian el terrorismo se agoten”, señaló Toby Dershowitz , vicepresidente senior de Relaciones Gubernamentales y Estrategia de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), al Jerusalem Post el viernes.
Añadió que “Argentina debe asegurar la protección personal del juez, dado el daño físico que han sufrido aquellos que han hablado en contra de los peligros que emanan de Hezbolá y sus patrocinadores iraníes”. El daño también ha llegado a los testigos judiciales y a los que trabajan en la aplicación de la ley en otros casos.
La Nación informó que “el veredicto, emitido por el juez federal Miguel Ángel Guerrero de El Dorado, Misiones, extendió la congelación de los activos financieros de Hezbolá y 22 personas más por un año más. Estos fondos fueron congelados por órdenes administrativas de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la administración de Mauricio Macri, y nuevamente en enero pasado por la administración de Alberto Fernández”.
El periódico continuó mencionando que “ambas órdenes fueron por seis meses y han expirado desde entonces, pero la decisión del Juez Guerrero las extiende por otro año. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel esperaban esta decisión por las implicaciones políticas de paralizar financieramente a uno de sus mayores enemigos (Hezbolá)”.
Según el periódico en español, “el Poder Judicial determinó que Hezbolá fue el autor de los ataques a la AMIA y a la embajada israelí. Algunos testigos que declararon en el caso se refirieron a la participación de personas de la Triple Frontera, y uno de ellos incluso mencionó a los hermanos Barakat como implicados en la preparación de los ataques”.
El diario señaló que “el juez Guerrero investiga al clan Barakat con la ayuda de la Fiscalía de Delitos Económicos, la UIF y la Gendarmería desde el año 2015, cuando se informó que uno de sus miembros intercambió premios millonarios en el casino de Puerto Iguazú y fue sospechoso de estar involucrado en el lavado de dinero, sobre todo porque su nombre figuraba en una lista de sospechosos de terrorismo internacional. Los informes determinaron que su familia era sospechosa de financiar las actividades terroristas de Hezbolá en la Triple Frontera”.
