La Sala de apelación de París ordenó la puesta en libertad del expresidente francés Nicolas Sarkozy bajo control judicial, tras veinte días de reclusión en la prisión de La Santé, y le prohibió salir del territorio nacional mientras tramita su recurso contra la condena dictada el 25 de septiembre por asociación de malhechores en la causa de la presunta financiación libia de su campaña de 2007. La decisión se comunicó el lunes 10 de noviembre y tiene efecto inmediato a la espera del juicio de apelación.
El tribunal adoptó la medida después de escuchar por videoconferencia al propio Sarkozy desde La Santé y a su defensa, en una vista celebrada por la mañana, y tras el dictamen del Ministerio Fiscal que solicitó su liberación con control judicial. La sala consideró que no resultaba justificado mantener la detención provisional una vez formalizado el recurso. El exmandatario declaró ante los magistrados que asumía las obligaciones que le impusiera la justicia y describió las condiciones de reclusión como “duras”, en línea con lo transmitido por las crónicas de audiencia.
La resolución llega menos de tres semanas después de que Sarkozy ingresara en prisión el 21 de octubre por orden de ejecución provisional asociada a la sentencia de primera instancia, una circunstancia inusual en Francia para un expresidente. El fallo de septiembre impuso cinco años de cárcel por asociación de malhechores, con un mandato de depósito de ejecución inmediata, y absolvió a Sarkozy de otros cargos. Tras su encarcelamiento, la defensa presentó la solicitud de puesta en libertad que la corte ya podía resolver dentro de un plazo de hasta dos meses.
La sala precisó que la liberación se adopta bajo control judicial y con restricción de movimientos fuera de Francia. Estas condiciones responden a los criterios que la legislación procesal establece para valorar la prisión provisional en fase de recurso, que incluye el riesgo de fuga, la posible presión sobre testigos, la concertación fraudulenta y la preservación de pruebas. En la audiencia, el abogado general Damien Brunet apoyó expresamente la salida en libertad con medidas de control.
El proceso que motivó la condena de septiembre se centra en la presunta captación de fondos del régimen de Muamar el Gadafi para financiar la campaña presidencial de 2007. El tribunal de primera instancia declaró a Sarkozy culpable de asociación de malhechores por haber permitido que colaboradores suyos buscaran financiación oculta, mientras lo absolvió de corrupción y de financiación ilegal de campaña por falta de pruebas suficientes en esos tipos penales concretos. La pena impuesta fue de cinco años de prisión.
La entrada en prisión del expresidente el 21 de octubre se produjo en cumplimiento del mandato de depósito, que el tribunal justificó por la gravedad excepcional de los hechos. El recurso interpuesto por la defensa reconfiguró la situación jurídica de Sarkozy en la fase de apelación, sujeta a reglas distintas a las de ejecución inmediata de la pena, lo que abrió la vía a la valoración de medidas menos gravosas que la permanencia en un centro penitenciario.
Durante la vista de este lunes, el tribunal escuchó a Sarkozy por videoconferencia desde La Santé. Crónicas judiciales relataron que el exjefe del Estado reiteró su posición de no haber solicitado financiación libia y manifestó su disposición a cumplir cualquier obligación que se le impusiera en libertad. Su familia acudió al Palacio de Justicia de París mientras se desarrollaba la audiencia.
El Ministerio Fiscal, a través del abogado general, defendió la liberación con control judicial al entender que resultaba proporcionada a la luz de los criterios de la fase de recurso. La corte, al estimar la solicitud, aplicó además la prohibición de abandonar el territorio francés, que constituye una de las medidas de control habituales en estos supuestos. La salida de La Santé debe materializarse conforme a los trámites administrativos ordinarios una vez notificada la resolución a las partes y al establecimiento penitenciario.
El caso por el que se dictó la condena de septiembre se suma a otros expedientes en el historial judicial reciente del exmandatario. En diciembre de 2024, la Corte de Casación confirmó la condena por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, con una pena de tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento y uno mediante brazalete electrónico. Además, en la causa relativa a la financiación de su campaña de 2012, conocida como Bygmalion, una sentencia de apelación impuso una pena que quedó pendiente de revisión por la máxima instancia. Existen asimismo diligencias por presunta manipulación de testigos en un procedimiento vinculado.
La decisión de este 10 de noviembre se enmarca en el estándar jurídico francés que privilegia la libertad bajo control durante la tramitación de un recurso, salvo que persistan motivos concretos que hagan necesaria la prisión provisional. En este contexto, el tribunal optó por medidas de vigilancia judicial y por la restricción de viajes al extranjero como instrumento idóneo para garantizar la sujeción al proceso. La audiencia se celebró con participación remota del interesado y la comunicación de la resolución se efectuó en el propio Palacio de Justicia al concluir la deliberación.
El calendario del recurso seguirá su curso ante la jurisdicción competente. Diversas coberturas periodísticas indicaron que la vista de apelación se programará en los próximos meses; algunas avanzaron que podría situarse en primavera, extremo que, a la fecha de la decisión de liberación, no cuenta con fijación oficial.
