TEHERÁN, Irán (AP) – Para Ali Hedieloo, un hombre de 40 años que fabrica muebles de madera en la capital de Irán, Instagram es algo más que un exceso de imágenes brillantes. Al igual que otro millón de iraníes, es la forma en que encuentra clientes, ya que la aplicación se ha convertido en un servicio de comercio electrónico masivo en el país afectado por las sanciones.
Pero ahora, la plataforma de redes sociales está amenazada. La semana pasada, Irán avanzó hacia nuevas restricciones gubernamentales sobre Instagram y otras aplicaciones, ya que los legisladores de línea dura acordaron debatir un proyecto de ley que muchos temen que socavará la comunicación, acabará con los medios de subsistencia y abrirá la puerta a la prohibición de herramientas clave de las redes sociales.
“Yo y la gente que trabaja aquí probablemente perderemos nuestros empleos si este proyecto de ley entra en vigor”, dijo Hedieloo desde su taller poco iluminado en los suburbios del sur de Teherán, donde lija madera blanqueada y toma fotos de escritorios adornados para hacer publicidad.
El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Parlamento iraní, dominado por la línea dura, pero ya está despertando la ansiedad entre los jóvenes iraníes, ávidos usuarios de las redes sociales, propietarios de negocios en línea y empresarios. Irán es un país con unos 94 millones de dispositivos de Internet en uso entre sus más de 80 millones de habitantes. Casi el 70% de la población iraní utiliza teléfonos inteligentes.
Más de 900.000 iraníes han firmado una petición en contra del proyecto de ley. La protesta se produce en un momento tenso para Irán, en el que Ebrahim Raisi, antiguo jefe del poder judicial y protegido de la línea dura del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha asumido esta semana el máximo cargo civil del país. Periodistas, defensores de la sociedad civil y críticos del gobierno han dado la voz de alarma sobre el posible aumento de la represión social una vez que asuma el cargo.
El proyecto de ley, propuesto por primera vez esta primavera por legisladores conservadores, exige a los principales gigantes tecnológicos extranjeros, como Facebook, que se registren ante el gobierno iraní y se sometan a sus normas de supervisión y propiedad de datos.
Las empresas que alojen aplicaciones de redes sociales no registradas en Irán se arriesgarían a recibir sanciones, y las autoridades podrían ralentizar el acceso a los servicios de las empresas como forma de obligarlas a cumplir la normativa. Los legisladores han observado que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán hacen imposible el registro de las empresas tecnológicas estadounidenses en el país, lo que garantiza su prohibición.
La ley también tipificaría como delito la venta y distribución de redes privadas virtuales y proxies, una forma fundamental de que los iraníes accedan a plataformas de medios sociales bloqueadas desde hace tiempo, como Facebook, Telegram, Twitter y YouTube. También prohibiría a los funcionarios del gobierno tener cuentas en las plataformas de redes sociales prohibidas, que ahora utilizan para comunicarse con los ciudadanos y la prensa. Incluso la oficina del líder supremo tiene una cuenta de Twitter con más de 890.000 seguidores.
Por último, el proyecto de ley retira el control de Internet del gobierno civil y lo sitúa bajo las fuerzas armadas.
El objetivo del proyecto de ley, según sus autores, es “proteger a los usuarios y sus derechos”. Los partidarios de la línea dura en el gobierno han considerado durante mucho tiempo los servicios de mensajería y medios sociales como parte de una “guerra blanda” de Occidente contra la República Islámica. Con el tiempo, Irán ha creado lo que algunos han llamado la Internet “halal”, una versión de Internet propia de la República Islámica, controlada localmente y destinada a restringir lo que el público puede ver.
Los partidarios del proyecto de ley, como el legislador de línea dura Ali Yazdikhah, lo han saludado como un paso hacia una Internet iraní independiente, en la que “la gente empezará a preferir los servicios desarrollados localmente” en lugar de las empresas extranjeras.
“No hay razón para preocuparse, las empresas en línea se mantendrán, e incluso prometemos que también se expandirán”, dijo.
Los defensores de Internet, sin embargo, temen que las medidas inclinen al país hacia un modelo aún más controlado como el de China, cuyo “Gran Cortafuegos” bloquea el acceso a miles de sitios web extranjeros y frena otros.
El ministro saliente de Tecnologías de la Información, Mohammad Javad Azari Jahromi, a quien el poder judicial de línea dura citó para ser procesado a principios de este año por su negativa a bloquear Instagram, advirtió que el proyecto de ley restringiría el acceso a la información y llevaría a prohibir por completo las aplicaciones de mensajería populares. En una carta dirigida a Raisi el mes pasado, instó al presidente electo a reconsiderar el proyecto de ley.
Facebook, propietaria de Instagram, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las redes sociales son un espacio muy disputado en Irán, donde el gobierno mantiene un férreo control sobre los periódicos y sigue siendo la única entidad autorizada a emitir por televisión y radio. En los últimos años, los manifestantes antigubernamentales han utilizado las redes sociales como herramienta de comunicación para movilizarse y difundir su mensaje, lo que ha llevado a las autoridades a paralizar los servicios de Internet.
Durante la agitación del otoño de 2019, por ejemplo, el gobierno impuso un apagón de internet casi completo. Incluso manifestaciones dispersas, como las recientes protestas por la escasez de agua en el suroeste de Irán, han visto interrumpido el servicio de internet móvil.
Pero muchos iraníes de a pie, que se resienten de las duras sanciones estadounidenses que han cortado el acceso a los sistemas bancarios internacionales y han desencadenado una inflación galopante, siguen más preocupados por las posibles consecuencias financieras de la ley.
Mientras el coronavirus hace estragos en Irán, un número creciente de personas como Hedieloo han recurrido a Instagram para ganarse la vida: dando clases particulares y vendiendo productos caseros y arte. Más de 190.000 negocios se trasladaron a la red en el último año.
Aunque el destino del proyecto de ley sigue siendo incierto, los expertos afirman que ya ha provocado un escalofrío en el comercio en Instagram, donde los usuarios, antes esperanzados, ahora dudan de tener un futuro en la aplicación.
“Tanto yo como todos los que trabajan en el ciberespacio estamos preocupados”, afirma Milad Nouri, desarrollador de software y analista tecnológico. “Esto incluye a un adolescente que juega a juegos online, a un YouTuber que gana dinero con su canal, a un influencer, a una tienda online basada en Instagram”.
Y añadió: “Todo el mundo está de alguna manera estresado”.
