LA HAYA, Holanda – Los jueces de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) dieron luz verde el jueves a los fiscales para abrir una investigación contra los talibanes, las fuerzas afganas y el personal militar y de inteligencia de Estados Unidos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El tribunal mundial confirmó una apelación de los fiscales contra el rechazo por parte de una cámara de instrucción, en abril del año pasado, de la solicitud de la fiscal Fatou Bensouda de abrir una investigación en Afganistán.
Los jueces de instrucción reconocieron el año pasado que en Afganistán se han cometido delitos generalizados, pero rechazaron la investigación diciendo que no sería en interés de la justicia porque la probable falta de cooperación significaba que las condenas serían en última instancia poco probables.
Esa decisión suscitó críticas feroces de las organizaciones de derechos humanos, que dijeron que desatendía el deseo de las víctimas de que se hiciera justicia en el Afganistán y recompensaba efectivamente a los Estados que se negaban a cooperar con el tribunal de La Haya.
En una audiencia celebrada en diciembre, los fiscales argumentaron que los jueces de instrucción del tribunal mundial se extralimitaron en sus facultades en abril del año pasado cuando se negaron a autorizar una investigación.
En una decisión que suscitó duras críticas de los activistas de derechos humanos, la sala de cuestiones preliminares dijo que una investigación no redundaría en interés de la justicia porque era poco probable que diera lugar a un enjuiciamiento satisfactorio.
Tras una investigación preliminar en Afganistán que duró más de un decenio, Bensouda pidió a los jueces en noviembre de 2017 que autorizaran una investigación de gran alcance.
Dijo que hay información de que miembros del ejército y de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos “cometieron actos de tortura, tratos crueles, ultrajes a la dignidad personal, violaciones y violencia sexual contra detenidos relacionados con el conflicto en el Afganistán y otros lugares, principalmente en el período 2003-2004”.
También dijo que el Talibán y otros grupos insurgentes han matado a más de 17.000 civiles afganos desde 2009, incluyendo unos 7.000 asesinatos selectivos, y que se sospecha que las fuerzas de seguridad afganas torturan a los prisioneros en los centros de detención del gobierno.
En la audiencia de diciembre, el gobierno de Afganistán dijo que se oponía a la investigación y ha creado una unidad especial para investigar los crímenes de guerra. La CPI es un tribunal de última instancia que solo se ocupa de los casos si las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren procesar.
Los Estados Unidos no reconocen al tribunal y se niegan a cooperar con él.
No hubo una delegación oficial de los Estados Unidos en la audiencia de apelación de diciembre, pero el abogado personal del presidente Donald Trump, Jay Sekulow, compareció en nombre de la rama europea del Centro Americano de Derecho y Justicia y dijo a los jueces que la posición de los Estados Unidos no cambiaría.
Les dijo a los jueces de apelación que “no es en interés de la justicia desperdiciar los recursos de la corte mientras se ignora la realidad de la no-cooperación por principios”.
