El opositor libanés Sami Gemayel ha declarado que su país ha sido “tomado como rehén en manos de Irán y Hezbolá”.
En declaraciones a los medios de comunicación locales el jueves, el jefe del partido cristiano Kataeb dijo que las próximas elecciones parlamentarias de marzo eran “una elección entre la vida y la muerte”, mientras el país se hunde cada vez más en una crisis económica y política.
Los libaneses deben elegir, dijo, entre “dar un primer paso para salir de la situación mortal” en la que se encuentran, o volver al ciclo de acuerdos y compromisos que destruyeron el país”.
Gemayel, sobrino del expresidente asesinado Bachir Gemayel, se opuso en los últimos años a un compromiso entre los partidos libaneses que permitió a Hezbolá establecer un punto de apoyo significativo en el gobierno.
“Muchos se preguntaban por el sentido de lo que hacíamos y por el motivo de nuestra negativa a aliarnos con cualquiera de los miembros del sistema”, dijo. “En aquel momento éramos conscientes de que el acuerdo presidencial [que convirtió al aliado de Hezbolá, Michael Aoun, en jefe del Estado] llevaría al colapso y a la entrega del país a Hezbolá”.
El Kataeb no tiene actualmente ningún diputado. Sus tres representantes electos dimitieron tras la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut para protestar contra el gobierno.
Líbano se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, calificada por el Banco Mundial como una de las peores del planeta en los tiempos modernos.
Más del 80 % de la población vive en la pobreza y la moneda local ha perdido más del 90 % de su valor en el mercado negro.
Las disputas políticas han obstaculizado repetidamente los esfuerzos de recuperación financiera, incluidas las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional que se iniciaron el año pasado, pero que pronto chocaron con un muro.
El nuevo gobierno, formado en septiembre con el objetivo de salir de la crisis, no se ha reunido desde octubre debido a las divisiones sobre el destino de la investigación de la monstruosa explosión del puerto del año pasado.
Hezbolá ha obstaculizado la investigación y ha exigido la destitución del juez que la supervisa. Se han presentado múltiples recursos legales contra Tarek Bitar.
Los grupos de derechos y los familiares de las víctimas de la explosión han condenado las impugnaciones judiciales como una forma flagrante de interferencia política destinada a frustrar la rendición de cuentas por la tragedia.
