A pocos días del fin de su mandato, el presidente Joe Biden y otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos están siendo demandados por ciudadanos estadounidenses residentes en Judea y Samaria, tras la imposición de sanciones por parte de su gobierno a algunos habitantes de la región.
El National Jewish Advocacy Center, junto a dos bufetes de abogados, presentó la demanda ante un tribunal de Columbia en representación de varios ciudadanos estadounidenses que viven en Judea y Samaria. Entre los demandantes figuran Yitzhak Levi Filant e Isaschar Manne, ambos residentes en la zona.
El gobierno de EE. UU. sancionó a Filant en agosto de 2024, acusándolo de “actividades malignas fuera de su autoridad” y alegando que, en febrero de 2024, dirigió un grupo de colonos armados para realizar bloqueos en carreteras y patrullas con el fin de atacar y expulsar por la fuerza a los palestinos de sus tierras. Sin embargo, los abogados de Filant sostienen que las acusaciones son infundadas y que él nunca actuó violentamente contra palestinos.
Manne recibió sanciones por “ser una persona extranjera responsable o cómplice de actos de violencia o amenazas contra civiles en Judea y Samaria, o por participar en la confiscación o desposesión de propiedades”.
Así lo declaró el Departamento de Estado de EE. UU., quien también impuso sanciones a su granja, acusándola de estar bajo el control de Manne. Según las autoridades, Manne fundó en 2020 un puesto de avanzada en las colinas del sur de Hebrón tras apoderarse de 150 hectáreas de tierra, lo que aumentó en casi el doble con el tiempo. Este puesto de avanzada, que se encuentra en terrenos palestinos, ha sido escenario de ataques regulares a los pastores locales y de violencia para impedirles acceder a sus pastizales.
La demanda sostiene que las acusaciones del Departamento de Estado son falsas y asegura que estas se basan en un “expediente completo” presentado por la organización Democracy for Arab World Now, que tiene vínculos con elementos radicales de la Hermandad Musulmana y ha elogiado a Hamás. Además, apuntan que la organización no supo escribir correctamente el apellido de Filant.
Mark Goldfeder, director ejecutivo del Centro Nacional de Defensa de los Judíos, expresó que aplicar sanciones con estándares dobles solo a los judíos y penalizarlos por su presencia en ciertas zonas es un acto discriminatorio, destacando que esta conducta no tiene justificación.