Las autoridades israelíes revocaron el permiso de trabajo de un miembro del personal estadounidense de Human Rights Watch y le ordenaron abandonar Israel en 14 días debido a su apoyo al boicot contra Israel, dijo el miércoles la Autoridad de Inmigración y Fronteras.
Omar Shakir, director en Israel y la Autoridad Palestina para Human Rights Watch (HRW), recibió una visa de trabajo de un año en abril de 2017 por el Ministerio del Interior, después de que las autoridades israelíes se negaron a otorgarle un permiso de trabajo dos meses antes, acusando a su organización en la “propaganda” contra Israel.
Sabine Hadad, vocera de PIBA, dijo que la decisión de revocar la visa de Shakir se debió a que supuestamente “apoyaba activamente” el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel.
“Es inaceptable que un activista del boicot [contra Israel] obtenga un permiso para permanecer en Israel a fin de que [él] pueda actuar de todas las maneras posibles para dañar al Estado”. Trabajaré para sacar a esa gente de Israel por todos los medios a mi disposición y, por lo tanto, Omar Shakir abandonará Israel”, dijo el ministro del Interior, Aryeh Deri, cuya oficina supervisa a PIBA.
El ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, quien recomendó revocar la visa de Shakir, dijo que su oficina está “exponiendo la verdadera cara de los activistas del boicot”.
“Incluso cuando presenten una postura falsa de ‘activistas de derechos humanos’ mostraremos la hipocresía y la distorsión moral de sus acciones y los haremos pagar un precio por el trabajo contra Israel”, dijo Erdan.
Antes de unirse a Human Rights Watch en 2016, Shakir era miembro legal del Centro de Derechos Constitucionales, una organización que ha entablado demandas por crímenes de guerra contra el ex ministro de Defensa Moshe Ya’alon y el ex director del servicio de seguridad Shin Bet, Avi Dichter, un actual miembro de la Knésset [Parlamento israelí].
Una carta de Human Rights Watch señaló el martes que la decisión “no constituye un rechazo de principio o general para que la organización emplee a un experto extranjero”, sino que se relaciona específicamente con Shakir.
Sin embargo, la decisión del Ministerio del Interior de febrero de negarle un permiso de trabajo se dirigió a la organización, diciendo que sus “actividades e informes públicos se han involucrado en la política al servicio de la propaganda palestina, mientras enarbolan flasamente el estandarte de los ‘derechos humanos’”. Posteriormente, el ministerio invirtió el rumbo, otorgó a Human Rights Watch un permiso en marzo de 2017 y emitió a Shakir una visa de trabajo por un año el mes siguiente.
Los funcionarios israelíes han reprimido a los grupos que apoyan la campaña mundial de BDS (boicot, desinversión y sanciones), que pretende presionar a Israel para que se retire de los territorios ganados en las guerras defensivas, particularmente el Golán, tomado de Siria, así como de Judea y Samaria, recuperada de manos de Jordania y que hoy, el ente árabe que desde 1967 se autodenominan “palestinos”, reclaman como “su territorio”.
El año pasado, la Knéset aprobó una ley que prohíbe el ingreso al país de los boicotreadores. Sin embargo, la legislación aún le da al ministro del interior margen de maniobra para hacer excepciones.
Israel, sus defensores e incluso algunos de sus críticos han acusado repetidamente a Human Rights Watch de tener un sesgo anti-Israel, una crítica a la que el fundador de la organización, Robert L. Bernstein, se unió en un artículo de opinión inusual que publicó en 2009 en The New York Times. Bernstein reiteró su crítica al año siguiente durante una conferencia en una universidad de Nebraska.
“No se trata de Shakir, sino de amordazar a Human Rights Watch y cerrar las críticas al historial de derechos de Israel”, dijo HRW en su declaración. “Compilar expedientes y deportar a los defensores de los derechos humanos es una página del libro de estrategias de los servicios de seguridad rusos o egipcios”.
“Ni Human Rights Watch ni su representante, Shakir, promueven los boicots a Israel”, agregó. Sin embargo, reconoció que el grupo instó a las empresas a suspender sus operaciones en las comunidades judías de Judea y Samaria.
