Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva el miércoles con el objetivo de combatir el antisemitismo, además de prometer la deportación de estudiantes universitarios no ciudadanos y otras personas involucradas en protestas propalestinas contra Israel.
La orden incluye una hoja informativa donde se detalla que el Departamento de Justicia tomará «acción inmediata» para procesar delitos como «amenazas terroristas, incendios provocados, vandalismo y violencia contra los judíos estadounidenses». Asimismo, coordinará recursos federales para enfrentar el aumento del antisemitismo en las calles y campus universitarios, el cual, según el documento, se intensificó tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás en Israel.
“Advertimos a los residentes extranjeros que participaron en las protestas pro-yihadistas: en 2025 los encontraremos y deportaremos”, afirmó Trump en la hoja informativa. También señaló que se anularán las visas de estudiantes simpatizantes de Hamás en las universidades, calificando los campus como focos de radicalismo.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales advirtieron que esta medida podría violar el derecho constitucional a la libertad de expresión y enfrentaría impugnaciones legales. Carrie DeCell, abogada del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, aseguró que la deportación de no ciudadanos basada en sus opiniones políticas sería inconstitucional, señalando: “La Primera Enmienda protege a todos los ciudadanos de Estados Unidos, incluidos los ciudadanos extranjeros que estudian en universidades estadounidenses”.
El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, una organización que representa a la comunidad musulmana y cuyo líder elogió las acciones de Hamás en octubre de 2023, anunció que evaluaría una posible impugnación judicial si Trump intenta aplicar la orden.
Los enfrentamientos entre Hamás e Israel y la posterior respuesta militar israelí provocaron meses de manifestaciones pro palestinas y críticas a Israel en las universidades estadounidenses. Estas tensiones llevaron a la renuncia de varios directores universitarios acusados de no manejar adecuadamente los incidentes antisemitas en sus instituciones.
De acuerdo con la orden ejecutiva, los líderes de agencias y departamentos federales deberán presentar a la Casa Blanca, en un plazo de 60 días, recomendaciones sobre las herramientas legales disponibles para combatir el antisemitismo.
Algunos manifestantes contrarios a Israel negaron cualquier apoyo a Hamás o haber cometido actos antisemitas, afirmando que sus protestas se dirigían contra las operaciones militares israelíes en Gaza. Según autoridades sanitarias controladas por Hamás, más de 47.000 personas han muerto en Gaza, aunque estas cifras no han sido verificadas ni distinguen entre civiles y combatientes.
Maya Berry, directora del Instituto Árabe Americano, expresó preocupación por la posible confusión entre críticas a Israel y antisemitismo en la orden ejecutiva. Afirmó que la medida podría limitar la libertad de expresión en Estados Unidos.
