La Compañía del Oleoducto Europa Asia (EAPC), operadora estatal de una red de crudo entre Ashkelon y Eilat, enfrenta una nueva disputa legal y ambiental por su proyecto para desplegar fibra óptica junto a sus tuberías en los desiertos de Aravá y Néguev.
La empresa busca instalar seis conductos de polietileno a lo largo de su infraestructura terrestre. Dos de ellos se destinarían a fibras para obtener información en tiempo real sobre amenazas al oleoducto y los otros cuatro serían alquilados a organismos de seguridad o a empresas privadas. Con esa iniciativa, la compañía aspira a convertir su trazado en un enlace internacional de comunicaciones entre Europa, Asia y el mundo árabe, con el argumento de reforzar la posición de Israel como centro regional de comunicaciones.
El proyecto es rechazado por el Ministerio de Protección Ambiental, la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, dos autoridades regionales, la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel y Keshet, una organización enfocada en Mitzpe Ramon y las Tierras Altas del Néguev. Los opositores sostienen que el mandato de la EAPC se limita de forma estricta al “transporte y almacenamiento de petróleo” y que la excavación de nueva infraestructura para telecomunicaciones, incluso si se presenta como una herramienta de monitoreo interno, queda fuera de esas atribuciones.
Fuentes consultadas especularon con que la apuesta por las comunicaciones apunta en realidad a asegurar la continuidad de la empresa cuando el petróleo deje de tener centralidad. También señalaron que no se difundió información sobre la infraestructura subterránea de comunicaciones, los edificios de mando y control ni las instalaciones técnicas necesarias para operar las líneas de fibra óptica.
En una apelación presentada el mes pasado ante la vicefiscal general (Civil) del Ministerio de Justicia, abogados de la Autoridad de Naturaleza y Parques afirmaron que la EAPC se apoya en un plan de 2021 denominado EAPC 1000. Según esa presentación, no se trata de un plan convencional sometido a todas las etapas requeridas, sino de un mapa aprobado mediante un procedimiento de licencias sin transparencia pública ni revisión ambiental. Los abogados acusaron a la empresa de usar ese instrumento para evitar el control ambiental de una zanja de 260 kilómetros y calificaron la maniobra como una “explotación cínica” de la ley.
La apelación añade que las líneas de fibra óptica probablemente seguirían en funcionamiento después de la vida útil de los oleoductos y que eso prolongaría, “sin justificación alguna”, la alteración de áreas protegidas y espacios abiertos, además de imponer restricciones a granjas, comunidades y sus reservas de desarrollo.
Los objetores recordaron además los derrames de petróleo ocurridos en el valle de Zin en 2011 y en Evrona en 2014, ambos vinculados a oleoductos de la EAPC. A su juicio, esos antecedentes obligan a una planificación y revisión especialmente cuidadosas ante cualquier nueva excavación en los 123 kilómetros del trazado que cruzan reservas naturales, cráteres, bosques y otras zonas de alto valor ecológico y paisajístico.
La empresa, por su parte, rechazó las instrucciones del Ministerio de Protección Ambiental para realizar un amplio estudio de impacto ambiental que incluya el examen de alternativas y una justificación sobre por qué no puede utilizarse para fines operativos la fibra óptica prevista a lo largo de la carretera 90. La EAPC sostiene que no necesita permiso de planificación para los dos conductos operativos y que avanzará con esa excavación de todos modos. También argumenta que la incorporación de cuatro conductos comerciales tendría un impacto ambiental insignificante si la zanja ya fue abierta.
Una fuente de la compañía afirmó que la fibra óptica mejoraría el monitoreo ambiental. Según esa versión, cada conducto tiene un diámetro de solo 50 milímetros y quedaría enterrado a 1,20 metros de profundidad. La misma fuente indicó que las fibras deben situarse a entre cuatro y cinco metros de los oleoductos para que el monitoreo funcione de manera eficaz, por lo que recurrir a líneas situadas a lo largo de la Ruta 90, a varios kilómetros de distancia, carecería de utilidad.
La EAPC presentó además su propio estudio de impacto ambiental y aseguró que su contenido fue definido por el presidente del comité de planificación del distrito sur. “El Ministerio de Protección Ambiental se opone al plan porque se opone a la existencia de la EAPC”, dijo una fuente de la empresa. “El presidente del comité pasó por encima del Ministerio de Protección Ambiental y nos dijo qué incluir en el estudio de impacto.” Añadió que contaba con documentación para demostrarlo.
La discusión llegó el domingo al comité de planificación distrital reunido en Beersheba, donde la mayor parte del debate se concentró en la cuestión del estudio ambiental. Shay Tachnai, responsable del distrito sur de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel y presente en la reunión, dijo que la versión expuesta por la empresa no coincidía con lo ocurrido. Según relató, la EAPC explicó que la preparación de su propio estudio respondió a un malentendido.
Tachnai señaló que el presidente del comité solicitó al comité de planificación distrital y al ministerio revisar la documentación de la empresa relacionada con ese estudio. Agregó que, una vez concluida esa revisión, se convocará una nueva reunión a puerta cerrada de los miembros del comité, sin representantes de la EAPC.
