Nuevas cifras entregadas por el Estado tras una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia indican la existencia de 1.287 detenidos gazatíes recluidos en prisiones y centros de detención de Israel, amparados por la Ley para el Encarcelamiento de Combatientes Ilegales aprobada en 2002, vigente entonces.
Los datos, divulgados tras una demanda contra esa norma presentada por el Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI), señalan además al menos 41 gazatíes arrestados bajo ese marco legal en fechas posteriores al alto el fuego entre Israel y Hamás, fijado el 10 de octubre de 2025.
Del total de personas privadas de libertad en territorio israelí, 1.239 permanecen bajo custodia en instalaciones del Servicio Penitenciario de Israel, mientras que otras 48 se encuentran recluidas en centros de detención militar administrados por las fuerzas armadas. La información distingue ambos regímenes de reclusión.
Las detenciones bajo la Ley para el Encarcelamiento de Combatientes Ilegales parten de arrestos de las FDI y los servicios de seguridad en Gaza; los retenidos no enfrentan acusaciones penales y pasan meses sin contacto familiar ni asesoría legal. La norma temporal recibió prórrogas hasta finales de marzo.
PCATI respondió ante la divulgación. “La guerra ha terminado solo sobre el papel. En la práctica, Israel continúa encarcelando a detenidos bajo una orden temporal que se suponía que debía expirar, y los mantiene en condiciones inhumanas que equivalen a tortura y trato cruel”, afirma la organización.
