Israel entregó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un informe que detalla supuestos vínculos entre empleados de la agencia de ayuda palestina UNRWA y Hamás, así como su implicación en actividades terroristas. El documento incluye el testimonio de una rehén israelí liberada, quien afirmó haber sido retenida por Hamás en una instalación de la UNRWA en la Franja de Gaza.
La CIJ aceptó en diciembre una solicitud de la Asamblea general de la ONU para evaluar la legalidad de la legislación israelí que prohíbe a la UNRWA operar en su territorio y restringe el contacto de agencias estatales con la organización, complicando su labor en Gaza y Judea y Samaria. Noruega impugnó esta normativa ante la ONU, alegando que viola el derecho internacional y las obligaciones de Israel de garantizar asistencia humanitaria en Gaza, donde la UNRWA desempeña un papel clave.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó el proceso ante la CIJ como “distorsionado” y con un resultado “predeterminado”. Según el ministerio, el tribunal no ha considerado la participación de empleados de la UNRWA en la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás. “El proceso ignora las atrocidades del 7 de octubre y la implicación de trabajadores de la UNRWA en esos crímenes”, declaró el ministerio.
El informe presentado a la CIJ denuncia el “sesgo deliberado” en la solicitud de opinión consultiva y expone las conexiones de empleados de la UNRWA con Hamás, su implicación en actos terroristas y el uso de instalaciones de la agencia para actividades ilícitas. La cadena pública israelí Kan reportó que el documento también incluye el testimonio de un rehén liberado que confirmó haber estado cautivo en una instalación de la UNRWA.
Emily Damari, ciudadana británica e israelí, relató al primer ministro británico, Keir Starmer, que pasó 15 meses como rehén de Hamás y que fue retenida en una instalación de la UNRWA en Gaza. Aseguró que solo recibió una botella de yodo caducada para tratar sus heridas de bala en la pierna y la mano izquierda, sufridas el 7 de octubre de 2023.
El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó las acusaciones como “perturbadoras e impactantes”. Explicó que la agencia evacuó sus instalaciones en el norte de Gaza el 13 de octubre de 2023 y perdió el control sobre ellas desde entonces, lo que también ocurrió en otros puntos del enclave.
La legislación israelí contra la UNRWA se aprobó tras revelaciones sobre la presunta participación de empleados de la agencia en la masacre del 7 de octubre y en otras actividades terroristas. Israel sostiene que docenas de miembros del personal de la UNRWA estuvieron directamente involucrados en los ataques y presentó pruebas contra varios de ellos.
La propia UNRWA reconoció que Muhammad Abu Attawi, un comandante de la fuerza Nukhba de Hamás abatido por las FDI, trabajó para la agencia. Israel afirma que aproximadamente el 12 % de los 13.000 empleados de la UNRWA en Gaza tienen nexos con grupos terroristas.
En febrero, el ejército israelí descubrió un centro de datos subterráneo bajo la sede de la UNRWA en Gaza, con equipamiento eléctrico, baterías industriales y alojamientos para operativos de Hamás. Este centro estaba conectado a la red eléctrica de la UNRWA.
Israel también acusa a la UNRWA de fomentar el odio contra Israel y los judíos en su plan de estudios, y de incitar a la violencia. Afirma que el 10 % de los docentes de la agencia pertenecen a Hamás o la Yihad Islámica Palestina, lo que ha sido documentado en diversos informes sobre extremismo en sus programas educativos.