Otzma Yehudit, la formación encabezada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, difundió un borrador modificado del proyecto de ley que promueve para instaurar la pena de muerte contra personas condenadas por terrorismo, con ajustes sustanciales respecto del texto original presentado ante el Parlamento.
La iniciativa, aprobada en primera lectura en noviembre pese al rechazo de organizaciones de derechos humanos y otros sectores, permanece bajo análisis en el Comité de Seguridad Nacional de la Knéset, etapa previa a su remisión al pleno legislativo para afrontar la segunda y la tercera lectura reglamentarias.
Entre las modificaciones centrales figura que la pena de muerte se convertirá en sanción obligatoria para quienes intervinieron en la masacre del 7 de octubre, así como para los “terroristas que residen en la Autoridad Palestina”, es decir, palestinos de Judea y Samaria sin ciudadanía israelí.
El texto enmendado concede a tribunales militares la potestad de dictar sentencias capitales contra terroristas palestinos mediante mayoría simple de jueces, en lugar de exigir unanimidad. Además, flexibiliza los requisitos de integración del panel y elimina la facultad del comandante regional de las FDI para conmutar o anular condenas.
De acuerdo con el articulado, la pena de muerte se aplicará de forma automática a cualquier persona que “haya causado intencionadamente la muerte de un ciudadano o residente israelí”, sin contemplar márgenes de discrecionalidad judicial una vez acreditado ese supuesto.
La propuesta también detalla los métodos permitidos para ejecutar la sentencia capital, entre los que se incluyen el fusilamiento, la silla eléctrica, el ahorcamiento y la inyección letal, todos ellos enumerados explícitamente como opciones legales dentro del marco normativo proyectado.
Según sus impulsores, el objetivo declarado de la ley es “fortalecer la disuasión” y disminuir el incentivo a secuestros y a la “extorsión mediante acuerdos” orientados a liberar terroristas detenidos a cambio de rehenes israelíes en manos de organizaciones armadas.
En la actualidad, la pena capital queda reservada para supuestos excepcionales y no se aplica desde 1962, año en que Israel ejecutó por ahorcamiento al oficial nazi Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la planificación del Holocausto.