Los abogados del Gobierno británico defendieron esta semana ante el Tribunal Superior de Londres la decisión de proscribir al grupo activista Palestine Action como organización terrorista en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000, tras tres días de audiencias sobre la legalidad de la medida, que convierte la pertenencia o el apoyo al movimiento en un delito grave castigado con hasta 14 años de prisión y ha originado miles de detenciones y críticas de organismos internacionales.
Palestine Action fue añadido en julio de 2025 a la lista de organizaciones proscritas del Reino Unido mediante una orden del Ministerio del Interior aprobada por ambas cámaras del Parlamento. Desde 2020, según la documentación oficial que acompañó la orden, el grupo ha organizado una campaña de acciones directas consideradas delictivas contra empresas de defensa, infraestructuras clave y otras instituciones, con daños materiales y pérdidas de ingresos valorados por el Gobierno en cientos de millones de libras.
El detonante inmediato de la proscripción fue la incursión del 20 de junio de 2025 en la base aérea de la RAF en Brize Norton, en Oxfordshire, donde activistas accedieron al recinto de madrugada, rociaron con pintura roja dos aviones Voyager de reabastecimiento y utilizaron palancas metálicas contra los motores.
La policía y los fiscales calculan que el daño rondó las 7 millones de libras, y varios sospechosos se enfrentan a cargos por conspiración para causar daños y por entrar en un lugar prohibido con una presunta conexión terrorista, con un juicio señalado para 2027.
La inclusión de Palestine Action en el anexo 2 de la Ley de Terrorismo implica que es delito pertenecer a la organización, invitar a apoyarla, organizar reuniones en su favor o exhibir símbolos que generen una sospecha razonable de apoyo o pertenencia, con penas máximas de hasta 14 años de prisión y multas ilimitadas.
Desde la entrada en vigor de la proscripción, más de 2.300 personas han sido detenidas en el Reino Unido en protestas contra la medida, muchas de ellas por sostener pancartas con mensajes de apoyo al grupo; unas 170 han sido formalmente acusadas de delitos vinculados a los artículos 12 y 13 de la ley antiterrorista.
La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, impulsa la impugnación de la medida mediante una demanda de revisión judicial contra la decisión de la ministra del Interior de dictar la orden de proscripción y de mantenerla en vigor. Su equipo jurídico sostiene ante el Tribunal Superior que la decisión constituye una injerencia desproporcionada en los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, reunión pacífica y asociación protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Gobierno, por su parte, argumenta que Palestine Action cumple la definición legal de estar “implicado en terrorismo” porque organiza, prepara y promueve acciones que causan daños graves a la propiedad con el propósito de influir en la política estatal.
En los escritos presentados al tribunal, el Ministerio del Interior afirma que una actuación puede constituir terrorismo aunque no implique violencia contra personas ni ponga en peligro vidas, siempre que combine un daño importante a bienes con un objetivo político o ideológico.
En la vista, el letrado gubernamental Stephen Kosmin defendió la “proporcionalidad” de la proscripción y la describió como necesaria para proteger al público y mantener la seguridad nacional, mientras que la abogada del departamento, Natasha Barnes, recalcó que la medida no ha impedido que se celebren manifestaciones en apoyo del pueblo palestino o en contra de las operaciones de Israel en Gaza.
La decisión del Gobierno ha suscitado objeciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, de varios expertos de la ONU y del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que consideran que el uso de la legislación antiterrorista frente a un movimiento de protesta de estas características rebasa los estándares internacionales y restringe indebidamente la libertad de expresión, reunión y asociación.
Organizaciones como Amnesty International y grupos de libertades civiles británicos han respaldado campañas que cuestionan la compatibilidad de la proscripción y de las detenciones masivas con las obligaciones internacionales del Reino Unido.
Parte del proceso relativo a las actividades de Palestine Action se ha desarrollado en audiencias a puerta cerrada con material clasificado y la intervención de abogados especiales, en virtud de la Ley de Justicia y Seguridad de 2013, lo que ha implicado límites a la presencia de público y a la información accesible a la prensa.
Concluidos los tres días de vista ante un panel de tres jueces, el caso quedó visto para sentencia y la decisión sobre la validez de la proscripción se dará a conocer en una fecha aún no fijada.
