La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han calificado de posibles crímenes de guerra los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles de Ucrania, incluidas instalaciones energéticas.
El viernes, Rusia lanzó decenas de misiles por toda Ucrania, dejando sin electricidad a su segunda ciudad más grande, alcanzando infraestructuras críticas en el sur y provocando explosiones en la capital, Kiev, según informaron las autoridades ucranianas.
Asimismo, ocho personas murieron y 23 resultaron heridas por bombardeos ucranianos en la región ucraniana de Luhansk, controlada por Rusia, según informó el administrador de la región, instalado por Rusia.
Reuters no pudo verificar de inmediato los informes sobre el campo de batalla.
¿Qué dice el derecho internacional?
Los Convenios de Ginebra y los protocolos adicionales elaborados por los tribunales internacionales dicen que las partes implicadas en un conflicto militar deben distinguir entre “bienes de carácter civil y objetivos militares” y que están prohibidos los ataques contra bienes de carácter civil.
Esta prohibición también está codificada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que a principios de este año abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania.
Esto parece claro, pero algunas infraestructuras propiedad de civiles y utilizadas por ellos también pueden ser un objetivo militar. Los objetivos militares se definen como “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar” y cuya destrucción o captura “ofrece una ventaja militar definida”.
¿Las infraestructuras energéticas son militares o civiles?
Las infraestructuras energéticas se consideran desde hace tiempo un objetivo militar válido siempre que sirvan de apoyo a las actividades de un ejército enemigo, aunque el sistema también sirva de apoyo a la población civil, escribe el experto en derecho militar Michael Schmitt en el blog Articles of War del Lieber Institute for Law & Warfare de la Academia Militar de Estados Unidos West Point.
A medida que se han intensificado los ataques de Rusia contra la infraestructura energética, parece cada vez más improbable que sus fuerzas armadas puedan nombrar un beneficio militar “definitivo” para cada ataque.
“En pocas palabras, es casi seguro que las fuerzas rusas están atacando muchos objetivos que no cumplen los requisitos para ser considerados objetivos militares”, argumenta Schmitt.
Rusia afirma que ataca objetivos militares, incluidas infraestructuras energéticas.
¿Cómo se equilibran las necesidades militares con las civiles?
Katharine Fortin, profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad de Utrecht, afirma que, aunque algunos de los objetivos puedan considerarse militares, ahí no acaba la historia.
Los militares deben considerar si los daños y pérdidas sufridos por los civiles en tales ataques son excesivos en comparación con la ventaja militar concreta y directa, afirma.
“En este caso, la pérdida fortuita de vidas y lesiones de civiles que cabe esperar parece muy grande, dado que los cortes de electricidad están imposibilitando el trabajo de los cirujanos, afectando al acceso de la población a la atención sanitaria y creando condiciones en las que personas vulnerables mueren de frío o de hambre”, declaró a Reuters.
¿Cómo consideran los fiscales de crímenes de guerra los ataques actuales?
Nigel Povoas, fiscal jefe de un equipo de expertos internacionales que asiste a los investigadores de crímenes de guerra de Kiev, declaró a Reuters que los ataques rusos de los dos últimos meses “se han centrado en eliminar infraestructuras cruciales para los medios de supervivencia de la población civil, como calefacción, agua, electricidad e instalaciones médicas”.
Tanto Schmitt como Povoas afirman que la escala y la intensidad de los ataques pueden equivaler, además, a que se consideren “actos o amenazas de violencia cuyo objetivo principal es sembrar el terror entre la población civil”.
Esto está prohibido por el derecho internacional humanitario y fue confirmado como crimen de guerra por las sentencias del tribunal de la ONU para la antigua Yugoslavia relativas al asedio de Sarajevo.
