La administración de Donald Trump tiene preparadas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, aunque todavía no se conoce la fecha exacta del anuncio. Dos personas familiarizadas con el asunto indicaron que la medida podría comunicarse pronto.
Hasta ahora, Washington había dirigido sus sanciones contra funcionarios concretos del tribunal. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña para aislar a la CPI y pidió a otros países que abandonaran la institución. El mes pasado, Estados Unidos sancionó a la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y al abogado litigante principal Abdoulaye Seye.
Esas sanciones congelan los activos que ambos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense o que entren en contacto con el sistema financiero de Estados Unidos. Rubio describió entonces a la CPI como un tribunal “corrupto y fatalmente politizado” y afirmó que Washington no toleraría lo que calificó como un ataque contra la soberanía estatal.
Seye integra el equipo de la fiscalía que obtuvo órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. También fue nominado para una elección como juez de la CPI.
Netanyahu respaldó las sanciones estadounidenses del mes pasado y acusó a la CPI de abusar de su poder. En una publicación en X, elogió la actuación de Rubio contra lo que describió como una extralimitación ilegítima del tribunal.
El fiscal jefe interino de la CPI, Mame Mandiaye Niang, declaró a principios de este mes que esperaba que Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin terminaran ante el tribunal. Niang asumió la dirección de la fiscalía después de la salida de Karim Khan, vinculada a acusaciones de abuso sexual.
Las nuevas sanciones tendrían un alcance distinto porque afectarían a la CPI en su conjunto y también podrían alcanzar a entidades que colaboren con ella. El momento de la decisión sigue sin estar definido. The Wall Street Journal citó a funcionarios que situaron una posible finalización de la medida durante la semana de la Asamblea general de las Naciones Unidas.
Si el Departamento del Tesoro sanciona a toda la entidad, ciudadanos y empresas de Estados Unidos no podrían proporcionar fondos, bienes ni servicios a la CPI sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los bancos suelen aplicar estas restricciones de forma amplia porque dependen del acceso al sistema financiero estadounidense.
La dirección de la CPI ha advertido que una sanción contra toda la organización podría afectar tareas básicas como contratar servicios informáticos y seguros, emplear investigadores, realizar operaciones financieras cotidianas y pagar a decenas de trabajadores estadounidenses.
La oposición de Trump a la CPI se remonta a su primer mandato. El asunto volvió a ocupar un lugar central en noviembre de 2024, cuando Trump fue reelegido y el tribunal emitió una orden de arresto contra Netanyahu.
La CPI comenzó a funcionar en 2002 para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Su jurisdicción se aplica cuando un Estado miembro no puede o no quiere procesar por sí mismo esos delitos.
Estados Unidos nunca ha formado parte de la CPI. Israel tampoco es miembro y rechaza la autoridad del tribunal sobre sus ciudadanos y actividades. Además, sostiene que la CPI no tiene jurisdicción sobre los palestinos porque no existe un Estado palestino soberano.
