La Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina solicitaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos que suspenda el pago de una sentencia de $656 millones vinculada a una demanda presentada hace más de dos décadas por estadounidenses muertos o heridos en ataques ocurridos en Israel.
El recurso de emergencia fue presentado después de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. restableciera en marzo la indemnización. La decisión se produjo tras un fallo del Tribunal Supremo que reactivó el litigio después de más de 20 años de procedimientos judiciales.
En sus documentos ante la corte, ambas entidades sostienen que desembolsar ahora esa cantidad “desestabilizaría los servicios gubernamentales críticos que [ellos] proporcionan en Judea y Samaria, perjudicaría a ciudadanos inocentes y pondría en peligro la seguridad regional”. Por ello, pidieron a los jueces que mantengan en suspenso el pago mientras recurren la restitución del veredicto.
La Autoridad Palestina gobierna los principales centros de población palestinos en Judea y Samaria. Junto con la Organización para la Liberación de Palestina, afronta la demanda interpuesta por víctimas y familiares de personas afectadas por una serie de ataques cometidos en Jerusalén a comienzos de la década de 2000, durante la Segunda Intifada. Esos atentados causaron 33 muertos y cientos de heridos.
Las familias acudieron a los tribunales al amparo de la Ley Antiterrorista, una norma concebida para permitir que las víctimas de ataques terroristas internacionales presenten demandas ante la justicia estadounidense.
Aunque un jurado emitió inicialmente un veredicto favorable a los demandantes, un tribunal federal de Nueva York lo anuló en apelación. Las decisiones posteriores continuaron beneficiando a la Organización para la Liberación de Palestina y a la Autoridad Palestina, mientras el Congreso modificaba la legislación para permitir que los procesos siguieran adelante.
En 2025, el Tribunal Supremo falló a favor de las familias y reavivó las demandas. Posteriormente, el Segundo Circuito acordó restablecer el veredicto. Los abogados de los demandantes afirmaron entonces que las familias estaban satisfechas y aliviadas con la resolución, que, según señalaron, permitiría “hacer justicia”.
