Tras el alto el fuego del 24 de junio entre Israel e Irán, las autoridades iraníes ejecutaron redadas coordinadas en decenas de hogares bahá’ís. Agentes armados de inteligencia, en su mayoría enmascarados, irrumpieron en viviendas durante la madrugada en varias ciudades del país. Los operativos confiscaron dispositivos electrónicos, textos religiosos y objetos personales, tratados como material ilícito.
En múltiples casos, las fuerzas detuvieron a padres e hijos y los trasladaron a destinos desconocidos. La comunidad bahá’í, temerosa de represalias más severas, evita denunciar públicamente las detenciones. Algunos temen que sus familiares encarcelados enfrenten torturas o incluso la ejecución, dada la intensidad de la represión.
La constitución iraní reconoce al islam chií como religión oficial y otorga cierto estatus a minorías como cristianos, judíos y zoroastrianos. Sin embargo, excluye a la fe bahá’í, fundada en Persia en el siglo XIX. A pesar de su carácter apolítico y la ausencia de vínculos con gobiernos extranjeros, los bahá’ís enfrentan acusaciones recurrentes de espionaje y propaganda contra el régimen.
Desde el cese de hostilidades, las autoridades detuvieron a más de 700 personas por presunto espionaje. Al menos seis de ellas ya fueron ejecutadas en la horca. Para los bahá’ís, esta ofensiva representa una continuación de los 46 años de esfuerzos por erradicar su comunidad.
Alhan Taefi, cuya madre, Fariba Kamalabadi, de 62 años, permanece encarcelada, describió el deterioro de su salud y el impacto de las detenciones masivas. “No imagino cómo soportará siete años más en estas condiciones”, afirmó Taefi a The Telegraph desde Manchester. “Si la mantienen allí, no hay posibilidad de que salga viva”.
Durante los ataques con misiles israelíes a la prisión de Evin el mes pasado, Taefi perdió contacto con su madre por 48 horas. “Estuvimos incomunicados casi dos días”, relató. “Luego supimos que la trasladaron a la prisión de Qarchak un día después del bombardeo”. En Qarchak, 60 prisioneros, muchos ancianos, ocupan un espacio reducido, con celdas de 12 metros cuadrados para ocho personas.
Kamalabadi comparte una habitación con literas triples tan bajas que las internas no pueden sentarse erguidas. “Mi madre me dijo que tienen una mesa pequeña y dos sillas para ocho”, explicó Taefi. “Se turnan para comer de a dos, mientras las demás esperan en sus camas. No hay espacio para que todas estén de pie al mismo tiempo”. Las condiciones en Qarchak, una antigua instalación ganadera a 40 millas de Teherán, son insostenibles para las prisioneras, con una edad promedio de 57 años.
Las redadas mantienen un patrón similar en todo Irán. En Baharestan, agentes saquearon 15 hogares y arrestaron a Navid Tashakkor. En Shiraz, detuvieron a Arman Nikaein e Iman Rahmat Panah. En Qaemshahr, capturaron a Raquel Ataeian. En Joybar, fuerzas armadas invadieron el dormitorio de una pareja mientras dormían. Golriz Nourani, especialista en informática de 39 años, sufrió su segunda redada desde 2022. En otro caso, seis agentes asaltaron la casa de Farideh Jaberi, confiscando desde computadoras hasta fotos familiares.
Un miembro de la comunidad, en diálogo con The Telegraph, expresó: “Nunca había oído de arrestos así. Entrar en dormitorios muestra una total falta de respeto por la privacidad”. Sobre la intensificación de la persecución en momentos de distracción internacional, señaló: “Siempre aprovechan noticias más grandes como cortina de humo. Actúan cuando el mundo no presta atención”.
La comunidad insiste en que las acusaciones de espionaje carecen de fundamento. “Después de tantos años, las autoridades saben que los bahá’ís son inocentes y no cometen actos ilegales”, afirmó el mismo miembro. “Nos persiguen porque somos pacíficos y respondemos con tolerancia”.
Fariba Kamalabadi, arrestada cuatro veces, pasó una década en prisión antes de 2017 y fue detenida nuevamente en 2022. Mohammad Javad Akbarin, erudito religioso iraní, condenó las acciones: “Lo que la República Islámica hace a los bahá’ís no es solo una violación de sus derechos; es un ataque a la diversidad y pluralismo de la sociedad iraní”.
Las familias, como la de Taefi, enfrentan un dilema: denunciar las atrocidades y arriesgar represalias o guardar silencio mientras la represión continúa. “No quiero decir algo que empeore la situación”, confesó Taefi. “Pero las condiciones son inhumanas. Pedimos que liberen a mi madre y a las demás, aunque sea temporalmente, con monitores de tobillo o cualquier medida, hasta que las condiciones mejoren”.
