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Afganistán enfrenta una crisis humanitaria a medida que se acerca la fecha límite de evacuación

25 de agosto de 2021
en Medio Oriente
Afganistán enfrenta una crisis humanitaria a medida que se acercar la fecha límite de evacuación

REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que las tropas estadounidenses en Afganistán se enfrentaban a un peligro cada vez mayor mientras se esforzaban por completar las evacuaciones antes de la fecha límite del 31 de agosto, y las agencias de ayuda advirtieron de una inminente crisis humanitaria para la población que queda atrás. Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 70.000 personas, incluidos sus ciudadanos, personal de la OTAN y afganos en peligro, desde el 14 de agosto, el día antes de que los talibanes entraran en la capital, Kabul.

Los países occidentales se apresuran ahora a completar el transporte aéreo antes de que se cumpla el plazo para la retirada de las tropas extranjeras según el acuerdo alcanzado con los talibanes el año pasado para poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos.

Biden dijo que las tropas estadounidenses estaban en condiciones de cumplir el plazo.

“Cuanto antes podamos terminar, mejor”, dijo Biden el martes. “Cada día de operaciones supone un riesgo añadido para nuestras tropas”.

Aunque la atención se centra ahora en las personas que intentan huir, el riesgo de inanición, enfermedad y persecución aumenta para el resto de la población una vez que termine el caótico éxodo del aeropuerto de Kabul, según las agencias de ayuda.

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“Se avecina una tormenta perfecta debido a varios años de sequía, conflicto, deterioro económico, agravado por el COVID”, dijo a Reuters en Doha David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, quien pidió a la comunidad internacional que donara 200 millones de dólares en ayuda alimentaria.

“El número de personas que marchan hacia la inanición se ha disparado hasta alcanzar ahora los 14 millones”.

La población de Afganistán se estima en 36 millones de personas, aunque no se ha realizado ningún censo a lo largo de más de 40 años de guerras y movimientos de refugiados.

La UE dijo esta semana que planeaba cuadruplicar la ayuda y buscaba la coordinación con las Naciones Unidas en la entrega, así como garantías de seguridad sobre el terreno.

En una conferencia celebrada el pasado mes de noviembre, los donantes extranjeros se comprometieron a destinar 12.000 millones de dólares en ayuda civil a Afganistán durante cuatro años, pero muchos de ellos la condicionaron a la protección de los derechos humanos y a los avances en las conversaciones de paz.

La jefa de derechos humanos de la ONU dijo que había recibido informes creíbles de graves violaciones por parte de los talibanes, incluidas “ejecuciones sumarias” de civiles y fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido. Los talibanes han dicho que investigarán cualquier informe sobre atrocidades.

Rutas terrestres

Un diplomático de un país de la OTAN en Kabul, que declinó ser identificado, dijo que varios grupos de ayuda internacional están desesperados por llevar a su personal afgano a las naciones vecinas.

Decenas de miles de afganos que temen ser perseguidos se han agolpado en el aeropuerto de Kabul desde la toma del poder por parte de los talibanes, y los más afortunados han conseguido asientos en los vuelos.

El diplomático del país de la OTAN dijo que los vecinos de Afganistán deberían abrir sus fronteras terrestres para permitir la salida de más personas.

“Irán, Pakistán y Tayikistán deberían sacar a mucha más gente utilizando rutas aéreas o terrestres. Es vital que las rutas aéreas y terrestres se utilicen a un ritmo muy rápido”, dijo el diplomático a Reuters.

Los talibanes dijeron que todas las evacuaciones de extranjeros deben completarse antes del 31 de agosto, y pidieron a Estados Unidos que dejara de instar a los afganos con talento a marcharse, al tiempo que intentaban persuadir a la gente en el aeropuerto de que volviera a casa, asegurándoles que no tenían nada que temer.

“Garantizamos su seguridad”, dijo el martes el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en una conferencia de prensa.

Biden, en declaraciones en la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos se apresuraba a cumplir la fecha límite del 31 de agosto, a medida que aumenta la preocupación por la amenaza de ataques de militantes.

Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que había una creciente preocupación por el riesgo de atentados suicidas del Estado Islámico en el aeropuerto.

Compromiso del G7 con Afganistán

Los líderes de los principales países industrializados del G7 -Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos- se reunieron virtualmente para discutir cómo completar la retirada y tratar con los talibanes ahora que han tomado el poder.

Las conversaciones no dieron lugar a “nuevas fechas” para el final de la misión de evacuación, según dijo la canciller alemana Angela Merkel, aunque se discutió intensamente si se podría utilizar un aeropuerto operado por civiles en Kabul después del 31 de agosto.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que la principal condición del acuerdo del G7 era que los militantes debían permitir el paso seguro a los afganos que quisieran abandonar el país incluso después de esa fecha límite.

El gobierno afgano se derrumbó cuando Estados Unidos y sus aliados retiraron sus tropas dos décadas después de derrocar a los talibanes en las semanas posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos perpetrados por militantes de Al Qaeda, cuyos líderes habían encontrado refugio en el Afganistán gobernado por los talibanes.

Los líderes de los talibanes, que han tratado de mostrar una cara más moderada desde la toma de Kabul, han iniciado conversaciones para formar un gobierno que han incluido discusiones con algunos viejos enemigos, incluido el ex presidente Hamid Karzai.

Los talibanes nombraron a un antiguo preso de Guantánamo, el mulá Abdul Qayyum Zakir, como ministro de Defensa en funciones, según informó el canal de noticias Al Jazeera, con sede en Qatar, citando una fuente talibán. Algunos ex funcionarios del gobierno afgano dicen que se les ha ordenado volver a trabajar.

Etiquetas: AfganistánAyuda HumanitariaTalibanes

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También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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