BEIRUT, Líbano – Una de las nuevas prisiones de Egipto, presentada como modelo por las autoridades, no ha hecho más que reproducir las “condiciones crueles e inhumanas” de las instalaciones utilizadas anteriormente para alojar a opositores políticos, afirmó el jueves Amnistía Internacional.
La secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, acusó al gobierno egipcio de intentar ocultar la “horrible realidad” del trato que da a los presos, incluidos los disidentes, mientras se prepara para acoger a los líderes mundiales en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP27 el mes que viene.
“El complejo penitenciario de Badr se inauguró a bombo y platillo por parte de las autoridades, como si las nuevas instalaciones significaran una mejora en el historial de derechos humanos de Egipto. En lugar de ello, los presos se enfrentan a las mismas violaciones de derechos humanos que han asolado repetidamente las instituciones más antiguas”, ha declarado Callamard.
Las violaciones registradas -recopiladas por los familiares o abogados de los presos- incluyen la falta de acceso a alimentos, ropa y libros suficientes, una atención médica inadecuada y la prohibición de las visitas familiares.
Según el organismo de control con sede en Londres, se ha producido al menos una muerte desde que los presos comenzaron a ser trasladados a la nueva prisión a principios de este año. El-Sayed al-Sayfi, de 61 años, murió el 5 de octubre, pocos días después de su traslado.
La prisión de Badr, a unos 70 kilómetros al este de El Cairo, se inauguró en octubre del año pasado junto con el Centro de Reforma y Rehabilitación de Wadi al-Natrun, donde el activista egipcio-británico encarcelado Alaa Abdel Fattah cumplió esta semana 200 días de huelga de hambre.
Los funcionarios egipcios insisten en que las nuevas instalaciones son un gran paso adelante. Los críticos denuncian que son un intento de encubrir el trato que el gobierno da a sus 60.000 presos políticos, ya que la conferencia sobre el cambio climático lo sitúa en el punto de mira internacional.
“En vísperas de la COP27, la maquinaria de relaciones públicas de Egipto está funcionando a toda máquina para ocultar la horrible realidad de las cárceles del país, donde los presos detenidos por motivos políticos languidecen en condiciones horribles”, ha declarado Callamard.
“Pero ninguna cantidad de relaciones públicas puede ocultar el pésimo historial de derechos humanos del país, que exige una verdadera reforma por parte del gobierno”.
El Cairo se ha enfrentado a frecuentes críticas por su historial de derechos humanos desde que el entonces jefe militar, ahora presidente Abdel-Fattah el-Sissi, derrocó a su predecesor islamista Mohamed Morsi en 2013 y lanzó una represión que primero se dirigió a los islamistas antes de ampliarse para recortar todo espacio público para la disidencia.
Los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que actualmente hay unos 60.000 presos políticos en Egipto, muchos de ellos recluidos en condiciones brutales y en celdas superpobladas
