Hace casi once años, Europa quedó sometida a una presión migratoria que puso a prueba la capacidad de respuesta del continente. En apenas unas semanas, más de un millón de personas procedentes de África, Oriente Medio y el Lejano Oriente alcanzaron territorio europeo, principalmente después de desembarcar en las islas de Grecia e Italia, consideradas entonces “el flanco más vulnerable de Europa”.
La alarma comenzó a extenderse entre varios gobiernos europeos, pero fue la canciller alemana Angela Merkel quien asumió la iniciativa. En agosto de 2015 pronunció su conocida frase: “Wir schaffen das”. “Podemos hacerlo”. En la práctica, Merkel y algunos de sus homólogos de la Unión Europea dejaron en suspenso los procedimientos migratorios habituales y permitieron la entrada de quienes quisieran acceder al continente.
España quedó inicialmente al margen de los momentos más críticos de aquella oleada. La apertura de las rutas por Europa central y sudoriental reducía los incentivos para utilizar el itinerario español. A ello se sumaban los acuerdos eficaces con las autoridades marroquíes, una situación muy distinta de la que existía, por ejemplo, en Libia, donde no había una autoridad estatal efectiva. Esa cooperación evitó que España soportara las fases más difíciles de la crisis de 2015.
Sin embargo, el país mantenía una vulnerabilidad propia derivada de su posición geográfica. Al igual que Grecia e Italia, se encuentra a escasa distancia marítima del norte de África, pero además conserva dos territorios dentro del continente africano: Ceuta y Melilla.
Ambos enclaves presentan características singulares. Rezagados en más de un aspecto, están rodeados por enormes vallas metálicas. A lo largo de ese perímetro pueden verse personas llegadas de África, sobre todo del África subsahariana, que recorren el lado exterior en busca de una brecha o de una oportunidad para atravesarlo. Ceuta y Melilla eran volcanes a la espera de una erupción.
Esta semana, Ceuta finalmente estalló y atrajo la atención internacional. Las imágenes de miles de migrantes que intentaban entrar en el territorio llevaron a muchos a sostener que el tema de mi superventas de 2017, La extraña muerte de Europa, parecía haberse convertido en una película. Pero no era necesaria ninguna adaptación cinematográfica. El libro se apoyaba en hechos que había observado personalmente. En ese sentido, resulta positivo que el público internacional pueda volver a contemplar aquello que traté de describir y sobre lo que advertí.
Al cierre del viernes, las autoridades españolas afirmaron que la mayoría de los migrantes había abandonado el enclave por voluntad propia o había sido expulsada por las fuerzas de seguridad. En cambio, ofrecieron muchas menos explicaciones sobre las decisiones con las que su propio gobierno contribuyó a desencadenar la crisis.
El origen inmediato de lo ocurrido en Ceuta se encuentra en la decisión del gobierno español de regularizar a migrantes que ya habían entrado ilegalmente en el país. El ejecutivo de extrema izquierda, que recibe mucha menos atención y críticas internacionales de las que merece, lleva años favoreciendo esta situación. Además de deteriorar y politizar el sistema judicial español, el gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado receptivo a la inmigración ilegal.
Es posible que Sánchez, como muchos dirigentes europeos de izquierda, subestimara el número de personas que deseaban entrar en España. No obstante, al evitar la expulsión de inmigrantes ilegales y regularizar su situación, ha contribuido tanto como cualquier otro dirigente europeo a incrementar el atractivo del país. El resultado ha sido un aumento del flujo hacia España y, posteriormente, hacia el resto de Europa.
Los socios europeos de Sánchez ya han respondido. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros integrantes de su gobierno han criticado a las autoridades españolas por negarse a proteger las fronteras europeas. También han planteado que Italia podría reforzar sus propios controles para impedir que las oleadas de migrantes llegadas a España continúen hacia otros países del continente.
En la práctica, sus opciones son limitadas. A finales del siglo XX, Europa imaginó un espacio sin fronteras interiores. El Acuerdo de Schengen hizo posible desplazarse entre países europeos sin controles, hasta el punto de que no era necesario mostrar el pasaporte al viajar por carretera, por ejemplo, de Francia a Italia. Pero ese modelo no puede funcionar si, además de eliminar las fronteras internas, el continente carece de fronteras exteriores eficaces.
Durante mis numerosos viajes por el sur de Europa he comprobado que la mayoría de los migrantes que llegan a Grecia, Italia y España no pretende permanecer allí. Esos países funcionan como puertas de entrada al continente. La mayor parte busca trasladarse hacia el norte, donde las prestaciones sociales son más elevadas. Por esa razón, Alemania y otros Estados del norte europeo terminarán asumiendo buena parte del coste derivado de las decisiones de Pedro Sánchez.
La situación es insostenible. España, como muchos otros países europeos, mantiene una deuda pública superior a su producto interior bruto anual. No puede permitirse financiar el alojamiento de inmigrantes ilegales. Los propios migrantes nunca aportarán mediante impuestos una cantidad equivalente a la que reciben en ayudas sociales. La gran mayoría de quienes entraron ilegalmente durante la última década sigue representando una carga neta para el Estado.
Todo ello sin considerar los problemas sociales y civilizatorios asociados a un movimiento de población de esta magnitud. Pese a ello, España continuará intentando sostener lo insostenible, igual que el resto de Europa. He comprendido que una situación de este tipo puede prolongarse durante mucho tiempo. De hecho, ya se extiende por más de una década.
Hace solo cuatro días expuse en estas páginas la sucesión de atentados terroristas perpetrados en Europa por migrantes islamistas. Semana tras semana, las noticias reflejan los peores efectos de la inmigración ilegal en el continente. Sin embargo, también omiten de forma reiterada la inviabilidad a largo plazo del modelo de migración económica adoptado por Europa.
A los activistas favorables a la inmigración les gusta recurrir a las cifras. Son datos que, como mostré en mi libro, inventan o falsean deliberadamente. Pero los europeos saben que las estadísticas oficiales constituyen una farsa, porque observan directamente lo que sucede. Hace tiempo que alcanzaron una conclusión: “No podemos hacerlo”.
De que los dirigentes políticos europeos comprendan aquello que los votantes ya perciben dependerá una cuestión esencial: si el continente europeo sobrevive o desaparece.
